
El caso $LIBRA –calificado por legisladores opositores como un esquema de “pump and dump” que dejó a miles de inversores con fuertes pérdidas– motivó la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, aprobada este martes por 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones.
La decisión de Reyes generó malestar en sectores que ven en su voto una contradicción con su discurso histórico anticorrupción, sobre todo porque el resto de los santacruceños presentes en la sesión acompañaron la iniciativa.
Gustavo González (UCR): A favor
Ana María Ianni (UxP): A favor
Sergio Acevedo (Por Santa Cruz): A favor
José Luis Garrido (SER): Se abstuvo
Roxana Reyes (UCR): En contra
Reyes se alineó con los diputados de La Libertad Avanza, Pro y una parte del radicalismo, que rechazaron el pedido de interpelación a funcionarios y la creación de la comisión, interpretándolo como un intento de “persecución política”.
En cambio, la iniciativa fue impulsada y votada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, bloques provinciales y algunos diputados de sectores dialoguistas como Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Julio Cobos (UCR), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) y Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe).
Por su parte, el diputado José Luis Garrido, del partido provincial SER Santa Cruz, optó por abstenerse, sumándose a un pequeño grupo de legisladores que no tomaron postura concreta.
La Cámara aprobó dos proyectos clave:
La creación de una comisión especial para investigar posibles responsabilidades del Ejecutivo en el caso $LIBRA.
La interpelación a funcionarios del Gobierno nacional para que brinden explicaciones ante el Congreso.
Ambas medidas fueron respaldadas por la mayoría opositora, en medio de una creciente presión social por el colapso del valor de $LIBRA, una criptomoneda que fue promocionada por el presidente Milei en redes sociales y en actos públicos como parte de su visión de “revolución financiera”.
Aunque aún no hay pruebas concluyentes, la denuncia apunta a que detrás de la promoción oficial hubo beneficiarios directos del esquema financiero, mientras el Gobierno niega cualquier responsabilidad institucional.