
"No son Uber, son ilegales", dijo Diego "Bocha" Barrera en diálogo con el móvil de exteriores de Radio Vanguardia. Fue categórico al desestimar la denominación popular de "Uber" para estos servicios: "No hay una aplicación Uber en nuestra localidad. Son transportes que se manejan por fuera de lo legal". El referente del sector expresó su preocupación por la falta de regulación y control sobre estos vehículos y conductores, lo que pone en riesgo la seguridad de los pasajeros.
Competencia desleal y riesgos para los pasajeros
La principal queja de los trabajadores del volante radica en la competencia desigual que enfrentan. Mientras taxis y remises deben cumplir con rigurosas habilitaciones, seguros específicos para pasajeros transportados, revisiones técnicas vehiculares y conductores con carnet profesional y antecedentes penales verificados, los vehículos ilegales operan sin estos controles.
"Nuestra ventaja es múltiple: estar habilitados, tener unidades con condiciones mínimas de seguridad, seguros contra terceros y pasajeros, y conductores profesionales con límites de antecedentes penales", explicó Barrera, contraponiendo esta situación con la de conductores particulares que, con un simple carnet y un seguro básico, ofrecen viajes sin las garantías necesarias.
La preocupación se extiende a la seguridad de los pasajeros, especialmente jóvenes y adolescentes que, por desconocimiento o por tarifas aparentemente más económicas, utilizan estos servicios sin ser conscientes de los riesgos que implica subirse a un vehículo sin las debidas habilitaciones y seguros.
Si bien el precio suele ser el principal atractivo de estos servicios ilegales, Barrera desmintió que siempre sean más económicos. Relató casos de tarifas elevadas e incluso situaciones donde los conductores se aprovechan de la necesidad de los pasajeros.
La raíz del problema del precio radica, según el sector legal, en la evasión de impuestos y la falta de los costos operativos que sí deben afrontar taxis y remises. Esto les permite ofrecer tarifas más bajas, aunque a costa de la seguridad y la legalidad.
Llamado a la conciencia y a la acción estatal
Barrera coincidió en diálogo con Emiliano Quiroz en el programa Vanguardia Stream , en la dificultad de combatir esta problemática. La informalidad y el uso de plataformas de mensajería dificultan la identificación y el control por parte de las autoridades.
El llamado del sector es a la conciencia de la comunidad para que priorice la seguridad y la legalidad al elegir un medio de transporte. Asimismo, instan a las autoridades municipales y judiciales a tomar medidas concretas para controlar y sancionar a quienes operan al margen de la ley.
Impuestos
Ante la consulta sobre una posible baja de impuestos para el sector legal como medida para equiparar la competencia, Barrera se mostró favorable a cualquier reducción de costos. Sin embargo, remarcó que la esencia del problema radica en la ilegalidad de la otra oferta.
"Es un transporte que no tiene que estar en la calle, es un transporte ilegal", sentenció Barrera, aunque reconoció que la lucha será ardua y requerirá un esfuerzo conjunto entre las autoridades, los prestadores de servicios legales y la comunidad.
Bocinazo como forma de protesta
Consultado sobre la posibilidad de sumarse a medidas de protesta como el bocinazo que se está llevando a cabo en Río Gallegos, Barrera adelantó que se está analizando la situación con otras agrupaciones y no descartó la posibilidad de realizar acciones similares en Caleta Olivia para visibilizar la problemática.
La situación del transporte ilegal en Caleta Olivia se presenta como un desafío complejo que requiere un abordaje integral para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la subsistencia de un sector que cumple con las normativas vigentes.