
Y este jueves, finalmente, los legisladores lograron consensuar un proyecto único, lo que permitió la aprobación de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
La normativa establece una serie de incentivos fiscales para las empresas que operan en Santa Cruz, con el objetivo de mantener la actividad en los yacimientos que YPF dejó vacantes. Entre los puntos clave, se destacan:
Con esta norma, el gobierno provincial busca garantizar la continuidad de la actividad petrolera en Santa Cruz y evitar despidos masivos en un sector clave para la economía local.
Durante la sesión, el diputado y exgobernador Daniel Peralta afirmó: “Esto no es para llenar de empleados públicos el Estado, sino para dar señales claras a las operadoras”.
Por su parte, el diputado Fernando Españón, del bloque “Por Santa Cruz”, fue quien propuso un cuarto intermedio para lograr la unificación del proyecto con la oposición, en un intento por dar mayor legitimidad a la norma.
“Era fundamental llegar a un consenso para que esta ley tenga el respaldo necesario y evitar más incertidumbre en el sector”, explicó.
Mientras se desarrollaba el debate en la Legislatura, afiliados del Sindicato de Petroleros Privados (SIPGER) se manifestaron en apoyo a la sanción de la ley. Los trabajadores reclamaron medidas urgentes para frenar la caída de la actividad y proteger sus empleos.
Con la ley aprobada, ahora la mirada está puesta en las empresas: el gobierno provincial les ofrece incentivos, pero exige a cambio inversiones concretas y estabilidad laboral.