
El viernes se reflejaba un titular que decía “Medalla para Vaca Muerta: por primera vez, el shale superó al convencional en el registro anual del 2024, donde cerró como uno de los mejores años para el petróleo de Vaca Muerta. Por primera vez en la historia, la producción de barriles desde la roca madre fue mayor a la obtenida con métodos convencionales en Argentina”…
Una noticia que se presenta de manera positiva para las políticas energéticas del gobierno nacional y su plan de inversiones en la gema de la producción petrolera del país, lo cual refuerza las políticas aplicadas por Horacio Marín en YPF.
Lo que no cuenta la noticia, es lo que esta sucediendo en las otras provincias y cuencas petroleras del país, donde como mínimo la desinversión y perdida de puestos laborales están a la orden del día.
Río Negro y Mendoza: el impacto de los despidos masivos
En las últimas semanas, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa reportó el despido de más de 200 trabajadores en Río Negro. Estos ceses están vinculados al cierre de operaciones en áreas marginales, consideradas no rentables frente a los rendimientos de Vaca Muerta. Esta política ha llevado a que empresas como Vista Oil & Gas y Tecpetrol reorienten sus inversiones hacia Neuquén, abandonando proyectos que durante años sostuvieron la economía de esta provincia.
En Mendoza, la situación no es mejor. La cuenca Cuyana, que en décadas pasadas fue un pilar de la producción nacional, enfrenta una contracción histórica. Según datos del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo, en 2023 se perdieron 300 puestos de trabajo, y otras 500 posiciones están en riesgo debido a la falta de inversiones. Empresas como YPF y Pluspetrol han reducido significativamente su actividad en la región, lo que ha generado un clima de incertidumbre y conflictividad social.
Los líderes sindicales de ambas provincias han coincidido en señalar que el gobierno nacional no ha mostrado interés en equilibrar el desarrollo energético del país. “Estamos siendo abandonados. La apuesta por Vaca Muerta destruye las economías regionales y deja a cientos de familias sin sustento”, expresó Julián Matamala, secretario general del sindicato mendocino.
Santa Cruz: abandono de pozos y retiros voluntarios
Tras asumir la presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei implementó una política energética que priorizó exclusivamente el desarrollo de Vaca Muerta en Neuquén, dejando en segundo plano las cuencas tradicionales como la del Golfo San Jorge.
Esta decisión impacta negativamente en Santa Cruz, desde la disminución de las regalías petroleras a la pérdida de fuentes laborales en el sector petrolero, las empresas de servicios y la economía circular que genera quedan expectantes a la conformación de cinco clústers en los cuáles se dividiría Santa Cruz.
Pero la espera no es la solución a la situación, porque desde los primeros momentos la discusión de fondo del Gobernador Claudio Vidal con el presidente de Y.P.F, Horacio Marín, es en que situación deja Santa Cruz la empresa de bandera nacional y que sucederá con los pasivos ambientales que debe afrontar al momento de su retiro de los campos santacruceños.
La importancia de los pasivos ambientales en la discusión entre la provincia y la empresa YPF, guarda relación directa con los puestos laborales que se reconvertirían en la industria con una mirada en la remediación ambiental.
Esto claramente es una alternativa a la generación de puestos de trabajo en este contexto de desinversión absoluta de YPF en Santa Cruz, pero no es la solucion definitiva.
Si bien, a diferencia de otras provincias que directamente hay despidos de trabajadores, en Santa Cruz los trabajadores se debaten entre tomar o no los retiros voluntarios que se les ofrece. Una decisión personal que divide opiniones en cuanto los que quieran tomar el beneficio y esperar insertarse en las nuevas empresas que tomaran la explotación de los campos petroleros; y por otro lado los que ven en el retiro voluntario pan para hoy y hambre para mañana.
El oportunismo político
En este escenario, casi sin ser invitados al debate, comienzan a aparecer voces de un lado y del otro manifestando su preocupación ante la situación que afronta hoy el sector petrolero. Los más verborragicos vociferan criticas de un lado para otro, con dardos dirigidos directamente a Claudio Vidal, gobernador de la provincia de Santa Cruz con reciente pasado en el sindicalismo petrolero.
Condición de la cuál el gobernador Vidal no puede eludir, donde debe definir políticas y acciones que disminuyan la incertidumbre de trabajadores y empresas que esperan a ver como se reacomoda todo desde el 1 de marzo. El gobierno provincial debe actuar antes, no puede ser un espectador, eso está claro.
Pero en este contexto, ponemos a disposición de los lectores un breve recorrido histórico de las decisiones que tomó la dirigencia política de la provincia en referencia a el petróleo santacruceño.
La historia de las concesiones petroleras en Santa Cruz
La evolución de las concesiones petroleras en Santa Cruz está marcada por decisiones políticas fundamentales que han modelado la relación entre el Estado, las empresas y los trabajadores. Desde la privatización de YPF en 1992 hasta los recientes conflictos por desinversión en la provincia, este sector clave ha sido objeto de profundas controversias.
La privatización de YPF: un quiebre histórico
El 24 de septiembre de 1992, el Congreso Nacional sancionó la Ley 24.145, que permitió la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Este proceso, impulsado por el presidente Carlos Menem, fue presentado como una solución para modernizar la empresa y atraer inversiones privadas.
En Santa Cruz, la entonces diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner apoyó activamente la privatización, presentando un proyecto que argumentaba que la medida aumentaría las regalías para la provincia. La Legislatura santacruceña aprobó la iniciativa, a pesar de las advertencias de sectores sindicales y de la oposición, que alertaron sobre la pérdida del control estatal sobre los recursos estratégicos. Con el tiempo, las críticas se intensificaron, ya que las promesas de modernización y mayores ingresos no se tradujeron en un desarrollo equilibrado de las regiones productoras ni en una estabilidad laboral para los trabajadores petroleros.
De esa privatización de YPF surgieron los millones de dólares como regalías mal liquidadas que posibilitaron, entre otras acciones, el lanzamiento de Néstor Kirchner a presidente del país.
La polémica en torno a los fondos
En 2005, el entonces gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo (PJ), anunció el regreso del dinero al país, pero después de idas y vueltas el retorno se concretó recién en 2008 bajo la gestión del gobernador Daniel Peralta (entonces PJ).
La historia de la repatriación de los fondos está llena de controversias. La UCR cuestionó en varias oportunidades el monto real de esos fondos que, según su versión de los hechos, no concordaba con lo blanqueado. Según acusaron, el monto original producto de las regalías de YPF habría sido de US$ 630 millones, y debido a la compra de acciones de YPF, la cifra se habría elevado a US$ 1.200 millones, aunque sólo se habrían blanqueado US$ 500 millones.
Incluso el ex vicegobernador de Santa Cruz durante el mandato de Kirchner, Eduardo Arnold, acusó al ex presidente Kirchner de “robarse” los fondos que la provincia tenía depositados en el exterior.
Del total de los fondos, en la gobernación Alicia Kirchner se informo al Tribunal de Cuentas de la provincia que quedaban sólo US$ 9.607 sin dar explicaciones sobre que sucedió con el resto de los fondos.
La gestión de Daniel Peralta: renegociaciones bajo la lupa
Entre 2007 y 2015, Daniel Peralta ocupó la gobernación de Santa Cruz, durante su mandato, Peralta lideró la renegociación de contratos con grandes empresas petroleras como Pan American Energy y Sinopec, extendiendo las concesiones hasta 2027.
Si bien estas renegociaciones permitieron un aumento en los ingresos por regalías, también fueron cuestionadas por la falta de cláusulas que protegieran el empleo en caso de crisis. En 2010, cuando se firmaron estas extensiones, sectores opositores en la Legislatura provincial advirtieron que la provincia no estaba priorizando los intereses de los trabajadores ni estableciendo mecanismos para garantizar inversiones sostenidas.
La cesión a CGC y las críticas durante la gestión de Alicia Kirchner
Alicia Kirchner asumió como gobernadora en diciembre de 2015 junto a Pablo González como vicegobernador. En 2017, durante su gestión, la Legislatura santacruceña aprobó la cesión de áreas petroleras clave a la Compañía General de Combustibles (CGC), anteriormente operadas por YPF.
La aprobación de esta medida generó un intenso debate político, en donde los diputados de la oposición criticaron que el acuerdo no incluía garantías laborales ni beneficios específicos para las comunidades locales. Gabriela Mestelán, referente del partido Encuentro Ciudadano, denunció que el proceso careció de transparencia y consultas públicas. Además, sindicatos petroleros señalaron que las inversiones comprometidas no tuvieron el impacto esperado en la generación de empleo.
Alicia Kirchner defendió la cesión afirmando que garantizaría continuidad operativa e inversiones para la exploración. Sin embargo, las críticas persistieron al evidenciarse que Santa Cruz seguía enfrentando problemas estructurales como la dependencia de las regalías y la falta de diversificación económica.
La gestión de Pablo González en YPF: falta de inversiones en Santa Cruz
En enero de 2021, Pablo González asumió la presidencia de YPF. Durante su mandato, la empresa centró su atención en el desarrollo de Vaca Muerta, relegando a regiones tradicionales como la cuenca del Golfo San Jorge, donde Santa Cruz posee un rol estratégico.
Los sindicatos petroleros denunciaron la falta de inversiones en las áreas de Santa Cruz y señalaron que la gestión de González no priorizó la estabilidad laboral ni la modernización de las operaciones en la provincia. Además, se cuestionó la pérdida de competitividad frente a Neuquén, lo que profundizó las desigualdades en la distribución de recursos e inversiones a nivel nacional.
La apuesta exclusiva por Vaca Muerta: consecuencias desiguales
El énfasis del gobierno nacional en Vaca Muerta responde a su potencial como uno de los yacimientos no convencionales más grandes del mundo. Sin embargo, esta estrategia ha profundizado las desigualdades entre las provincias productoras. Mientras Neuquén recibe el 70% de las inversiones en exploración y producción, según datos del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), regiones como Santa Cruz, Río Negro y Mendoza deben conformarse con un reparto mínimo de los recursos.
Además, la concentración de inversiones en Vaca Muerta ha generado problemas de infraestructura y saturación en Neuquén, lo que ha llevado a cuestionar la sostenibilidad de este modelo. Al mismo tiempo, las cuencas tradicionales, que durante décadas sostuvieron la producción nacional, enfrentan un deterioro acelerado por la falta de mantenimiento y renovación tecnológica.
Que pasará a partir de marzo en Santa Cruz
La crisis del sector petrolero claramente reconfigurará la producción en la provincia, donde el gobierno provincial busca el resarcimiento económico de YPF y un crecimiento en la producción asentando bases en Palermo Aike, lo cual le permita mayor demanda de mano de obra y eso conlleve a una suba en la producción petrolera que se traslade directamente a el mejoramiento de las regalías petroleras provinciales.
El panorama es complejo, y mientras la joya de la corona en Neuquén no deja de batir récords, las provincias petroleras ven como se afecta su tejido social y económico que llevará décadas volver a reconstruir.
La siituación general de la industria petrolera fuera de Neuquén es similar en cuanto a abandono de pozos, despidos, retiros voluntarios, incertidumbre; síntomas de que la decision nacional anunciada comienza a hacer efecto negativo en las regiones que no forman parte de la cuenca estrella de Horacio Marín.
Quizá la realidad en Santa Cruz hubiese sido distinta si los gobiernos provinciales y nacionales al momento de llegar a los acuerdos de las concesiones petroleras hubiesen exigido un artículo que no permita libremente a las empresas concesionarias el levantarse e irse como está sucediendo hoy.
En este sentido toda la dirigencia política de los últimos 30 años fue partícipe, y hoy Santa Cruz al igual que otras regiones debe afrontar una crisis que tiene años de historia y que tendrá años de reacomodamiento hacia adelante.
Será momento de reclamar que las proximas concesiones, y para no cometer los mismos errores, tengan exigencias claras a las empresas que se queden con las áreas en Santa Cruz: pasivos ambientales, responsabilidad social empresarial, mano de obra santacruceña, plan de inversiones y seguimiento de las mismas, inversiones en tecnologías para el desarrollo de energía limpia.
Que no sea solo una declaración de intenciones, sino que sea una obligacion indelegable donde el Estado controle y exiga cumpliento de las condiciones que permita el desarrollo que Santa Cruz necesita y que durante más de 3 décadas hizo la vista a un costado.