La sentencia, dictada por los jueces Marcela Pérez Bogado, José Luis Ennis y Carlos Richeria, la encontró culpable de defraudación a la administración pública en cuatro hechos delictivos y tres contra particulares.
Aunque el fiscal Omar Rodríguez solicitó tres años y seis meses de prisión efectiva, la exfuncionaria cumplirá la condena bajo reglas de conducta, incluyendo permanecer en su domicilio, presentarse periódicamente ante la supervisión y evitar el consumo de estupefacientes o abuso de alcohol.
Detalles de la investigación "Ñoquis calientes"
La causa comenzó tras una denuncia del contador Martín Sandoval, quien reveló que Torres Otarola desviaba sueldos estatales hacia personas que trabajaban en su hogar, como su niñera y jardinero. También solicitaba parte de los salarios a sus asesores. Una de las imputadas, empleada legislativa, realmente cumplía funciones como doméstica en su residencia.
El Ministerio Público Fiscal probó que estas irregularidades generaron tanto daño material como a la confianza pública en las instituciones. Por este motivo, se dictó la inhabilitación perpetua para Torres Otarola y los demás implicados: Silvana Cañumil, Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles, quienes recibieron dos años de prisión en suspenso.
Argumentos de la defensa y el impacto social
La defensa de Torres Otarola, a cargo de Romano Cominetti, argumentó que su clienta carecía de antecedentes penales y que fue víctima de violencia de género, pidiendo que la pena fuera condicional. Sin embargo, los jueces priorizaron las pruebas de corrupción que dañaron la moral institucional y el patrimonio público.
Este caso pone de relieve las prácticas corruptas dentro del Estado provincial y la necesidad de mayor control sobre los recursos públicos, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción en Chubut.
