El futuro incierto de la democracia venezolana: Escenarios de cara a la asunción presidencial

Una de los elementos más importantes y representativos de las democracias republicanas tiene que ver —entre varias cosas— con un sentido de certidumbre y previsibilidad en cuanto a las dinámicas asociadas a cierta institucionalidad republicana. Por ejemplo, en Argentina, independientemente de quien ocupe el Sillón de Rivadavia, sabemos que, luego de vencido el periodo presidencial de cuatro años, habrá elecciones y, de así desearlo, quien preside, puede presentarse a una segunda (única y consecutiva) postulación aun ostentando el cargo presidencial (lo hizo Mauricio Macri en 2019 frente a Alberto Fernández, quien finalmente truncó el deseo de Macri de ser reelecto). Eso es así por un asunto elemental: las leyes republicanas argentinas, sus estamentos constitucionales, así lo determinan.

En la Venezuela chavista eso no es posible. Por ejemplo, el artículo 230 de la Constitución venezolana permite la reelección continua (eufemismo que enmascara la figura de la reelección indefinida). Pero no siempre fue así. Hugo Chávez tenía la pretensión de modificar el artículo 230 (junto con otros artículos más de la Constitución) a través de un referéndum constitucional (2007). Entre las modificaciones que proponía Chávez estaba la de colocar, de forma taxativa, la expresión “socialista” en varios artículos de la Constitución. Luego tuvo que atenuar. Sin embargo, donde no hubo atenuación fue en la pretensión de modificar el 230 que decía: “El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido, de inmediato y por una sola vez, para un período adicional”. Ese intento de reforma constitucional fue rechazado (por estrecho margen) por parte del electorado. Esa fue la primera gran derrota del chavismo en una elección nacional.

No obstante, Chávez propuso una enmienda constitucional a fines de 2008. La elección para aprobar esa enmienda se realizó en febrero de 2009 y Chávez, luego de salir derrotado en su anterior intento de reforma de la Carta Magna (2007), finalmente pudo modificar algunos artículos de la Constitución, siendo la modificación del 230 el más problemático de todos (“El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido”). Como se observa, la redacción del artículo es simple y directo. En ese condicional “puede ser relegido” está uno de los elementos más antirrepublicanos dentro de un articulado constitucional occidental. Al no colocar límites a la reelección, quien ostente el cargo de presidente podrá presentarse, las veces que sea, a la reelección. Con lo que se desfigura uno de los principios estructurales y estructurantes de la democracia republicana: la alternabilidad en el poder.

En Venezuela, y esto es medular para entender la dimensión del problema, todos los poderes públicos están alineados a los principios, fines y designios del Poder Ejecutivo. Es decir, el chavismo se conforma como una suerte de triunidad monolítica que no se rompe: Gobierno-Estado-Partido. Bajo este esquema, difícilmente se podrá desarrollar el juego político propio de la democracia republicana. En Venezuela, para ser aún más explícito, la Fiscalía General, la Contraloría, el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Fuerzas Armadas Nacionales (todo el andamiaje del Estado) responden de forma obsecuente y subordinada al chavismo (esa triunidad de la que venimos hablando). Es por eso que, muchas veces, causa algo de pena y estupor cuando uno ve a los presidentes Gustavo Petro, Lula Da Silva o Claudia Sheinbaum decir que “los problemas de los venezolanos deben ser resueltos por los propios venezolanos y sus instituciones democráticas”.

Cuando vemos las actuaciones de, por ejemplo, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, lo que estamos presenciando es al chavismo efectuándose de la manera más impune posible. El Fiscal General es un militante ferviente del chavismo. De hecho, fue gobernador de uno de los estados (provincia) más importantes en materia petrolera del país. Además, William Saab fue diputado del chavismo y ocupó otros cargos relevantes dentro de la coalición gubernamental. Recordemos que fue este funcionario del Estado venezolano quien ordenó la captura del gendarme argentino, Nahuel Gallo. A la fecha (a más de un mes de su captura), Gallo no ha podido ser visto ni por sus familiares ni sus abogados.

Cuando en la Venezuela chavista el Estado y sus instituciones operan, lo hacen porque así lo ha determinado la triunidad Gobierno-Estado-Partido. El caso del gendarme Gallo está en esa línea de acción antirrepublicana que instaló el chavismo hace más de 25 años en el poder gubernamental. De allí que las declaraciones de Petro, Lula o Sheinbaum (“los problemas de los venezolanos deben ser resueltos por los propios venezolanos y sus instituciones democráticas”) son, perdonen los adjetivos, risibles y algo tristes.

Ahora bien, ¿cuál es el marco democrático-institucional a partir del cual los venezolanos podrán dirimir sus diferencias político-sociales? En democracias normales, uno esperaría que las diferencias se diriman a través de mecanismos republicanos e institucionales convencionales, como las elecciones presidenciales. Fue eso precisamente lo que ocurrió el 28 de julio de 2024. A sabiendas de los riesgos que representaba ir a una elección con la institucionalidad chavista enquistada en todos los rincones del Estado, la oposición venezolana (hablamos de la realmente antagónica al chavismo) representada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, deciden ir a la contienda electoral. A esta facción opositora se le colocaron un sinfín de obstáculos para realizar la campaña electoral, aun así, Machado y González demostraron, con las actas que expiden las máquinas de votación del propio Consejo Nacional Electoral, que ellos ganaron por un margen superior a los 40 puntos porcentuales (los resultados pueden verse en https://macedoniadelnorte.com/).

El diferencial de votos entre el chavismo y la oposición realmente antagónica (Machado y González) superó los 4 millones de votos (sobre un universo de votos válidos de 11.105.777). No obstante, el Consejo Nacional Electoral, dominado en pleno por el chavismo, señaló, la madrugada del 29 de julio, que Maduro había ganado la elección sin mostrar un solo dato que valide y/o refrende lo indicado por el presidente del ente comicial, Elvis Amoroso, un chavista originario, ex Contralor del país y ex diputado del chavismo. ¿Qué adujo Amoroso para no mostrar un solo dato que validara la “victoria” que él le otorgó a Maduro la madrugada del 29 de julio? Que hubo un ataque informático remoto a los servidores del ente comicial desde Macedonia del Norte. Sí, lector, ese fue el argumento.

No obstante, a casi seis meses de la elección presidencial, la página de CNE sigue “caída” y ningún venezolano, dentro o fuera del país, tiene acceso a los datos electorales oficiales de esos comicios. Reitero: ahora mismo, NINGÚN VENEZOLANO SABE UN SOLO DATO OFICIAL SOBRE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL 28 DE JULIO DE 2024. Vale destacar que los artículos 146 y 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) establecen que los resultados de las elecciones deben ser publicados a las 48 horas culminado el proceso electoral (artículo 146 LOPRE) y, pasado los 30 días de la elección, deberá publicarse la Gaceta Electoral por parte de la Imprenta Nacional con todos los guarismos discriminados por estado, municipios, circunscripciones y mesas electorales (artículo 155 LOPRE). Aún así, Maduro insiste que se proclamará presidente para un tercer periodo consecutivo.

Queda claro que en Venezuela no hay una democracia imperfecta (como toda democracia republicana). En Venezuela existe una democracia intervenida. La teoría política arroja luces sobre este tipo de democracias. Algunos hablan de democracia iliberal (Zakaria, 1997) y otros de regímenes autoritarios electorales (Andreas Schedler, 2004). Como quiera que sea, asistimos a una mutación del modelo democrático en la región. Daniel Ortega (Nicaragua) y Nicolás Maduro inauguran una “nueva tipología” democrática en América Latina. La “tipología” democrática que este par inaugura está por construirse como problemática de investigación con su respectiva caracterización gnoseológica. No obstante, los venezolanos hemos vivido en carne viva las prácticas políticas del chavismo: la conculcación de derechos políticos y sociales elementales.

Ahora mismo, no tenemos certeza de lo que ocurrirá este próximo 10 de enero. Ese día, se sabrá si triunfa la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024 o si, por el contrario, el oscurantismo del siglo XXI continúa enquistado en el poder por seis años más. Algo sí tenemos claro quienes aspiramos a la libertad: si el chavismo insiste en perpetuarse en el poder de forma autoritaria y sin respetar las normas básicas de la democracia republicana, habrá consecuencias. El aluvión popular no se hará esperar e irá a la recuperación de su soberanía y, sobre todo, de la institucionalidad perdida. Esto último es fundamental para poder subsistir como país. De no recuperar la institucionalidad, Venezuela (a manos del chavismo) seguirá siendo, con todas las letras, un Estado fallido.