Los delitos incluyen fraude contra la administración pública, extorsión y amenazas coactivas. Según el tribunal, las defensas no lograron justificar agravios que permitieran anular las medidas judiciales previas.
La investigación determinó que el Polo Obrero desvió fondos de planes sociales, obligando a beneficiarios vulnerables a entregar un porcentaje de su subsidio y participar en marchas bajo amenazas de perder el beneficio. Testimonios reservados y mensajes de WhatsApp revelaron cómo se organizaban estas presiones, calificadas como extorsivas.
Las organizaciones sociales administraban las unidades de gestión donde los beneficiarios cumplían contraprestaciones. Sin embargo, en lugar de actividades laborales, debían participar en movilizaciones políticas, violando las reglas del programa Potenciar Trabajo.
El caso se originó tras denuncias anónimas en el número 134 habilitado por el Ministerio de Seguridad. El fiscal Gerardo Pollicita avanzó con pruebas que incluyeron facturación apócrifa y mensajes que sugerían coacción electoral. La Cámara Federal destacó que estas prácticas implicaban un aprovechamiento político de fondos sociales, afectando a los más vulnerables.
Con la confirmación de Casación, Belliboni y los demás acusados enfrentan la posibilidad de un juicio oral. Este proceso podría sentar un precedente en el control del uso de fondos públicos por parte de organizaciones sociales y en la lucha contra la corrupción en Argentina.