
Este análisis, confirmado por la secretaria de Energía, María Tettamanti, surge en el marco de las políticas de privatización impulsadas por la gestión de Javier Milei. Actualmente, el gasoducto es propiedad de Enarsa y operado por Transportadora de Gas del Sur (TGS), que recientemente presentó un proyecto para ampliar su capacidad de transporte.
El proyecto, declarado de “Interés Público”, incluye una inversión de USD 500 millones para aumentar la capacidad del gasoducto en 14 millones de metros cúbicos diarios mediante mejoras en cuatro plantas compresoras. Según cálculos oficiales, esta ampliación generaría ahorros de USD 1.000 millones anuales entre importaciones y subsidios al gas natural.
TGS tendrá preferencia en el concurso público, pero otras empresas, incluidas competidoras internacionales, podrán participar. De concretarse, la obra permitiría al ducto alcanzar una capacidad de transporte de 35 millones de metros cúbicos diarios, reduciendo significativamente la dependencia de importaciones de gas.
El desarrollo energético de Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas no convencional, es una oportunidad estratégica para Argentina en la transición energética global. Sin embargo, la privatización de un activo clave como el Gasoducto Perito Moreno plantea preguntas sobre el rol del Estado en el control de recursos estratégicos y los beneficios de estas decisiones para la población.
TGS también planea invertir USD 200 millones en nuevas plantas compresoras y gasoductos paralelos para garantizar el suministro a Buenos Aires y su área metropolitana, independientemente de los resultados del concurso. Estas iniciativas refuerzan el interés del sector privado por liderar el futuro energético del país.
La posible privatización marcaría un cambio significativo en la gestión de infraestructura energética, con implicancias en el desarrollo de Vaca Muerta y el futuro de la matriz energética argentina.