La acusación central: el uso indebido de datos personales para entrenar sistemas de inteligencia artificial sin cumplir con garantías legales. Este caso no solo expone prácticas cuestionables, sino que también subraya la falta de actualización de la Ley de Protección de Datos Personales en Argentina (Ley 25.326) frente a los avances tecnológicos.
El 15 de agosto, Meta respondió con la presentación de un representante legal cuyo poder resultaba insuficiente, limitándose a solicitar una prórroga. Este acto no fue un error técnico, sino un ejemplo de las estrategias de grandes tecnológicas para evitar abordar directamente cuestiones críticas sobre el manejo de datos personales.
Mientras Brasil toma medidas firmes contra las big tech, incluyendo la suspensión de operaciones de inteligencia artificial y la imposición de sanciones millonarias, Argentina enfrenta una crisis de soberanía digital. La falta de actualización legislativa convierte al país en un territorio donde las tecnológicas operan con relativa libertad, dejando desprotegidos a los ciudadanos.
El procesamiento de datos de menores argentinos es particularmente preocupante. La ausencia de regulaciones actualizadas pone en riesgo su privacidad y seguridad, creando un precedente peligroso para el futuro digital del país.
El progreso tecnológico no debe detenerse, pero debe avanzar bajo un marco ético que garantice la transparencia y la protección de los derechos fundamentales. Este caso marca un punto de inflexión: es hora de exigir un ecosistema digital responsable, donde la innovación y los derechos ciudadanos coexistan como pilares del desarrollo nacional.