Molina cuestionó duramente el proceder de las autoridades: "El informe positivo de la profesora Franchini sobre nuestra labor fue utilizado de manera malintencionada. La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, lo tergiversó para realizar una denuncia sin fundamentos".
Según relató, el fallo de la jueza Rosa González, tras escuchar a los menores, desmontó las acusaciones: "La jueza dejó claro que no correspondía judicializar a los niños ni a la fundación. En su resolución, subrayó que los chicos aquí buscan nuevos horizontes y el cumplimiento de sus sueños".
El sacerdote se emocionó al leer parte del fallo: "La jueza habló directamente a los chicos: ‘Espero que cada uno de ustedes pueda cumplir sus sueños’. Esto es lo que hacemos en Valdocco: darles a estos jóvenes, muchos de ellos de pueblos originarios y contextos vulnerables, la oportunidad de estudiar, aprender oficios y soñar con un futuro mejor".
Molina también criticó el uso de recursos públicos en el operativo: "El avión que trajo a los funcionarios provinciales costó $20 millones, lo que equivale a la comida de seis meses para esta casa. ¿Ese dinero no debería destinarse a combatir la desnutrición o garantizar derechos básicos?", cuestionó.
En sus declaraciones, el director de Valdocco reafirmó su compromiso con los jóvenes y el propósito de la fundación: "Somos negros, pobres, indios, pero no de mierda. Aquí, nadie roba sueños. Seguiremos trabajando por y para ellos, porque su único delito es soñar".
Además, criticó las inconsistencias en las acusaciones presentadas contra la fundación: “Primero dijeron que no respetábamos los derechos de los chicos. Luego que no estaban escolarizados. Después que había problemas administrativos. ¿En qué quedamos? Están buscando excusas donde no las hay”. Molina insistió en que todos los menores están matriculados en el sistema educativo, ya sea en escuelas locales o en programas de educación especial gestionados por la misma fundación.
Molina relató historias personales de los jóvenes de la fundación: “Son chicos que quieren aprender a cocinar, ser maestros, profesores de educación física, choferes, o simplemente tener una vida digna. ¿Eso es un delito? ¿Soñar es un delito en este país?”.
La jueza, después de escuchar a los chicos, emitió su fallo. En él dice que no entiende por qué el fiscal de Estado actuó, ya que no le correspondía. Se pregunta qué hacía el fiscal involucrado en un caso donde debieron actuar otros organismos intermedios. La jueza dejó claro que la presidenta del Consejo Provincial de Educación tampoco debía presentar denuncias directamente; hay instituciones intermedias para ello.
Además, afirmó que no se entiende por qué judicializar de inmediato a un menor o a un espacio como este. Dijo que el denominador común en los testimonios de los chicos es la búsqueda de nuevos horizontes, principalmente un proyecto de vida y el cumplimiento de sus sueños. 'El delito de soñar,' lo llamó.
A continuación, detalló que muchos de los chicos en esta casa son de pueblos originarios. 'Somos pobres, sí; somos negros, sí; somos indios, sí, pero no de mierda, no de mierda,' dijo la jueza. Y añadió: 'Estos chicos tienen derecho a soñar, a estudiar en Chaco, en Formosa, en Córdoba, en Río Gallegos, en El Calafate, en esta hermosa Argentina.'
Fragmento de la conferencia: lo que dijo Molina sobre el fallo de la jueza González
"La jueza destacó cómo los chicos sueñan con proyectos simples pero importantes: aprender a leer, cocinar, estudiar matemáticas o historia, jugar al fútbol o ser choferes. También reconoció la labor de los profesores interculturales, quienes tienen cargos tanto en Santa Cruz como en el Chaco, y la importancia de mantener vivos los idiomas originarios.
Finalmente, pidió transmitir este mensaje de forma directa:
'Espero que cada uno de ustedes pueda cumplir sus sueños. No duden en acudir a las instancias necesarias ante cualquier inquietud.'
Este fallo es histórico. Por primera vez, una jueza de familia frenó una resolución para priorizar la humanidad y el bienestar de los niños."