El vocal por los afiliados activos en la Caja de Servicios Sociales, Manuel Piris, lanzó duras críticas hacia los municipios que no están cumpliendo con sus obligaciones de pago hacia la entidad. En diálogo con Radio Vanguardia, Piris afirmó que algunos intendentes, como el de Río Gallegos, Pablo Grasso, no están realizando los aportes necesarios, lo que provoca una deuda que ya asciende a unos $500 millones mensuales.
"La situación actual de la Caja es crítica", señaló Piris, y describió la entidad como una "obra social prácticamente en abandono", donde las delegaciones enfrentan problemas significativos de gestión. Según él, la falta de modernización y de personal está perjudicando directamente a los afiliados, quienes dependen de la Caja para recibir atención médica. Además, detalló que "la gestión actual está enfocada únicamente en el cobro de deudas", dejando de lado otros aspectos esenciales que afectan a los usuarios.
Piris no dudó en remarcar la falta de compromiso del intendente Grasso, calificando su postura de "burla y abandono" hacia los trabajadores municipales y sus familias. “Es una demostración de poder y desafío hacia el gobierno provincial, pero en el medio quedan los afiliados, quienes siguen siendo los más afectados”, añadió.
La gravedad de la situación también fue reflejada en su análisis sobre el estado financiero de la Caja. Según explicó, al no ingresar fondos regularmente, la entidad enfrenta serias dificultades para cubrir tratamientos de alto costo, como los oncológicos, que son indispensables para algunos afiliados. "Esto va contra los derechos humanos de los trabajadores y sus familias", afirmó Piris.
En este contexto, Piris anunció que en la próxima reunión de directorio, impulsará la propuesta de iniciar acciones legales para cobrar las deudas de los municipios. "Es una estafa moral y humanitaria hacia el trabajador", concluyó, subrayando la necesidad de que los responsables políticos cumplan con sus obligaciones.
La Caja de Servicios Sociales, pieza clave para la salud de miles de santacruceños, atraviesa una crisis profunda que, según Piris, se ha convertido en un "botín político" a lo largo de más de tres décadas. La falta de pagos y el desinterés por parte de algunas intendencias continúan debilitando a una institución que, hoy más que nunca, necesita soluciones inmediatas para garantizar los derechos de sus afiliados.