La Coparticipación Federal, que constituye más del 55% de los ingresos provinciales, mostró una caída interanual del 11,5%, afectando de manera uniforme a las finanzas provinciales.
Además, el recorte de transferencias discrecionales por parte del Gobierno Nacional profundizó esta crisis: las transferencias corrientes cayeron un 75% y las de capital, debido al freno en la obra pública, un 98%. Esta situación también se agrava por la débil recaudación de impuestos provinciales, como Ingresos Brutos e Inmobiliario, que presentó resultados heterogéneos a lo largo del país. Por ejemplo, Misiones registró una caída del 60% interanual en sus ingresos, mientras que Neuquén, impulsada por la actividad en Vaca Muerta, fue la única provincia con un crecimiento positivo del 10,9%.
El ajuste fiscal implementado por las provincias, que redujo los gastos un 24% en promedio durante el primer semestre, permitió una mejora en los resultados fiscales respecto a 2023, aunque algunas jurisdicciones, como Misiones y Entre Ríos, registraron déficits. A pesar de estas medidas, persisten las dudas sobre la sostenibilidad de los ajustes a lo largo del año, especialmente en el contexto de alta inflación.
El proyecto de Presupuesto 2025 del Gobierno Nacional plantea un nuevo desafío: se espera que las provincias recorten USD 20.000 millones adicionales en sus gastos, un tercio de los USD 60.000 millones que mencionó el presidente Javier Milei en su presentación. Este ajuste implicaría una reducción del 24% del gasto provincial, lo que podría agravar aún más la situación financiera de las jurisdicciones.
El estudio de Invecq subraya que las provincias han sufrido una contracción significativa en sus recursos, mucho más pronunciada que la caída en los ingresos de la Administración Nacional (-16,4% frente a -0,7%). Esto se debe a que impuestos como el PAIS y los derechos de exportación no son coparticipables, lo que ha protegido los ingresos nacionales. Sin embargo, con la eliminación del Impuesto PAIS para 2025, la Administración Nacional también se enfrentará a un nuevo desafío fiscal.
En este contexto, las provincias tendrán que seguir ajustando sus gastos para cumplir con el compromiso de reducir el gasto público consolidado al 25% del PBI, tal como indicó el presidente Milei. La implementación de estos recortes podría tener un fuerte impacto en la prestación de servicios públicos y la continuidad de proyectos de infraestructura clave.