Aumento de jubilaciones: todo lo que cambia con la nueva ley y su impacto económico

Este incremento eleva el haber mínimo de septiembre a $251.427, en lugar de los $234.540 previamente establecidos. A su vez, se garantiza que el ingreso mínimo del sistema contributivo sea de $317.704, superando el monto proyectado en caso de un bono adicional de $70.000, que aún está por definirse.

Impacto fiscal: ¿cómo afecta el proyecto las cuentas públicas?

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la nueva ley tendrá un impacto significativo en las cuentas públicas, estimado en al menos 0,44% del PBI. Esto incluye un artículo que exige a la Anses pagar deudas a provincias con sistemas previsionales propios y liquidar sentencias a jubilados que demandaron por malas liquidaciones en los últimos años. Estos gastos adicionales generan preocupación sobre la sostenibilidad fiscal, un tema que el presidente Javier Milei ha destacado, advirtiendo que podría vetar la ley.

Movilidad mensual y vinculación con el IPC

La ley establece que los haberes previsionales se ajustarán mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta disposición formaliza el mecanismo ya vigente desde abril, que permite reajustes mensuales en función de la inflación, lo que busca proteger el poder adquisitivo de los jubilados en un contexto de alta inflación.

Ingreso mínimo garantizado y nuevas proyecciones

El proyecto también incluye una garantía de ingreso mínimo, asegurando que ninguna prestación sea inferior al 109% de la canasta básica total para un adulto, según el INDEC. Para septiembre, esto implica un ingreso mínimo de $317.704, lo que supera la cifra estimada de $304.540 en caso de que se disponga nuevamente un bono de $70.000.

Pagos de sentencias judiciales: ¿qué cambiará?

La ley aprobada otorga a la Anses un plazo de hasta un año para pagar las deudas acumuladas con provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales al Estado nacional y para liquidar las sentencias firmes a favor de jubilados. Actualmente, existen más de 92,000 sentencias pendientes de pago. Sin embargo, el texto no especifica una fuente de financiamiento clara para cumplir con estas obligaciones, lo que añade incertidumbre sobre su implementación.