Polémica por intento del Gobierno de regular el ejercicio del periodismo

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ha levantado su voz en protesta contra una reciente decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación que busca reimplantar la matriculación obligatoria para periodistas. Esta medida, considerada por muchos como un retroceso en materia de libertad de expresión, ha generado una ola de preocupación en la comunidad periodística y defensores de derechos humanos.

La colegiación obligatoria, que implica la necesidad de una autorización estatal para ejercer el periodismo, fue una práctica vigente en Argentina desde 1947 hasta 1985. Su eliminación se basó en la Opinión Consultiva 5 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la consideró una restricción ilegítima al derecho universal de la libertad de expresión.

FOPEA, en su comunicado, calificó la decisión del gobierno como "una práctica obsoleta" y un agravio a la libertad que el partido gobernante dice defender. La organización argumenta que esta medida podría condicionar, limitar, vigilar y restringir no solo el acceso a la libertad de expresión sino también el ejercicio de la profesión periodística.

El caso tiene un precedente importante en Costa Rica, donde en 1985 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que la colegiación obligatoria de periodistas era incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte enfatizó que el periodismo es la manifestación primaria de la libertad de expresión y no puede ser concebido meramente como un servicio profesional sujeto a regulaciones como otras carreras.

FOPEA ha exigido al Ministerio de Capital Humano que rectifique esta decisión, argumentando que la norma cayó en desuso por su incompatibilidad con el orden jurídico actual y por la falta de aplicación práctica durante décadas. La organización recuerda que el derecho a expresar ideas por la prensa sin censura previa es un derecho constitucional de todos los ciudadanos.

Esta controversia ha reavivado el debate sobre los límites de la regulación estatal en el ejercicio del periodismo y la importancia de proteger la libertad de expresión como pilar fundamental de una sociedad democrática. Diversos sectores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos están atentos al desarrollo de esta situación, que podría tener implicaciones significativas para el futuro del periodismo en Argentina.