Fabian Leguizamón denunció a Eugenio Quiroga de desviar más de $32 millones de pesos a cuentas personales

El actual vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, presentó una denuncia penal contra su antecesor, Eugenio Quiroga, por supuestamente haberse transferido fondos de la Legislatura Provincial a sus cuentas bancarias personales sin haber justificado ni rendido los montos.

Según detalló Leguizamón, Quiroga habría ordenado a sus empleados realizar transferencias por un total de $32.626.799 desde las cuentas oficiales hacia sus propias cuentas privadas, únicamente en el período comprendido entre febrero y noviembre de 2023.

"Esperamos que la Justicia esté a la altura de las circunstancias e investigue estos gravísimos hechos de corrupción que perjudican directamente a los santacruceños", expresó el actual vicemandatario, adelantando que se incorporarán más evidencias a la causa a medida que avance la investigación.

La denuncia penal fue radicada por presunta malversación de caudales públicos, ya que Quiroga no habría cumplido con la obligación legal de rendir cuentas documentadas sobre el destino dado a los millonarios fondos públicos transferidos.

La denuncia fue presentada en el Juzgado de Instrucción N 2 de Río Gallegos, a través del patrocinio letrado del Dr. Sergio Macagno.

Los detalles de la denuncia presentada:

1. OBJETO

DENUNCIAR al Sr. Eugenio Salvador Quiroga,  para que sea investigado por sus acciones y omisiones que se encuentran configuradas en las tipificaciones sancionables de los artículos 248, 249, 174 Inciso S º , 260 y 261 del Código Penal, debido a sus procederes materialmente comprobables con las pruebas que ofrezco y aporto, por incurrir en abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos ordenando a sus subalternos se le transfiera de las cuentas oficiales a sus cuentas personales -al menos- la suma de pesos Treinta y Dos Millones Seiscientos Veintiséis Mil Setecientos Setenta y Nueve con dos centavos ($ 32.626.779,02), sin rendición.

II        FUNDAMENTA

El Sr. Eugenio Salvador Quiroga ejerció su mandato en la función de Vicegobernador de la provincia de Santa Cruz desde el 10 diciembre 2019 hasta diciembre de 2023, y en ese período ordenó a sus subalternos procedan a transferirle a sus cuentas personales caudales públicos propiedad del Estado Provincial depositados en las cuentas públicas de la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, cuya presidencia él ejercía, y, confiados en administración. 

Al 30 de mayo de 2024 se advierte que, sólo considerando el período comprendido entre el mes de febrero y noviembre de 2023, el denunciado se transfirió a sus cuentas personales la suma de pesos Treinta y Dos Millones Seiscientos Veintiséis Mil Setecientos Setenta y Nueve con dos centavos ($ 32.626.779,02). 

De los registros existentes en el área de administración surge que el Sr. Quiroga no cumplió con su deber y obligación para rendir cuenta documentada de los fondos confiados en administración a él.

Está probado que el denunciado ordenó, al menos, treinta y cinco (35) transacciones para que le sean transferidos desde las cuentas oficiales a sus cuentas personales caudales públicos sin rendir cuenta documentada de ello, y a la brevedad se podrá incorporar a la causa más evidencias según ésta se profundice.

Deben indagarse los períodos correspondientes a los años anteriores: 2019 al 2022. 

Por lo expuesto, el denunciado debe ser investigado por sus acciones y omisiones, por el manto de sospecha que se cierne sobre la legitimidad de las instrucciones que ha impartido para que los subalternos le giren los fondos a su patrimonio personal, haciendo abuso de su alta responsabilidad por el cargo que ocupaba.

El denunciado e incurrió en conductas, tanto acciones corno omisiones, que violan las leyes y los principios republicanos de rendir cuentas de sus actos de gobierno y del uso de caudales públicos. 

De ser todo así, esto genera el lógico reproche moral y ético a un servidor público que no se condice con las condiciones mínimas esperables como para cumplir cualquier tipo de función pública, máxime si es para ejercer la más alta investidura del Poder Legislativo. 

Es pertinente remitirse a lo normado por la Ley Nº 3325 de la Ética de la Función Pública, la doctrina y jurisprudencia dictada en consecuencia.

En especial, dicha ley en su CAPÍTULO I, titulado "LA FUNCIÓN PÚBLICA, su FINALIDAD, DEFINICIONES Y ALCANCES", establece en su Artículo 3 °: "El fin de la función pública es la permanente búsqueda del bien común, establecido y ordenado por las disposiciones de la Constitución Provincial, Leyes, Decretos y normativa en vigencia. Quien se desempeñe como funcionario público, tiene el deber y compromiso fundamental de valores como la lealtad para con su provincia, a través del cumplimiento efectivo de su rol en el ámbito de las instituciones de gobierno, en los ámbitos donde exista vinculación con personas, partidos políticos o instituciones de cualquier naturaleza."

La sociedad entiende esperable que todo buen funcionario público cumpla con los requisitos para el cargo, con la Constitución y con las leyes. Lo contrario afecta la credibilidad del sistema gubernamental, y produce incredulidad respecto a sus frutos por el manto de sospecha que sobrevuela ante una muy posible falta de idoneidad de quienes ejercen las responsabilidades propias requerida para ejercer legítimamente toda autoridad. 

Por lo dicho, reviste suma importancia esclarecer, investigación mediante, los hechos denunciados para que se libre de toda sospecha fundada al Poder Legislativo, cuya titularidad ejerció el denunciado en el período comprendido entre los años 2019 y 2023.

Desde su asunción, la nueva administración de la Legislatura Provincial ha dado a conocer varias irregularidades detectadas durante la gestión del ex vicegobernador, por lo que no se descarta que en los próximos días se presenten nuevas denuncias penales sobre posibles hechos de corrupción.

Por el momento, la Justicia deberá expedirse sobre las pruebas aportadas e iniciar una investigación para determinar si existió algún delito y, en ese caso, deslindar las eventuales responsabilidades del ex funcionario y otras personas involucradas.

Se aguarda con expectativa el avance de las actuaciones judiciales en torno a esta escandalosa denuncia que nuevamente pone en tela de juicio el manejo de los recursos públicos por parte de anteriores autoridades provinciales.