viernes 10 de mayo de 2024 - Edición Nº1983

Provinciales | 27 abr 2024

Diputado Provincial Prof. Pedro Muñoz

"Las leyes de emergencia que se aprobaron no son para ayudar al gobierno, sino a los vecinos de Santa Cruz"

El Diputado Pedro Muñoz de Cambia Santa Cruz, habló sobre su acompañamiento con el voto a las Leyes de Emergencia Administrativa, Alimentaria y Energética presentadas por el Ejecutivo en la última sesión de la Legislativa que fue aprobada por unanimidad.



En la legislatura  se aprobó por unanimidad  la Ley de Emergencia Administrativa y Alimentaria y  la Ley de Emergencia Energética; en este contexto el Legislador del ARI destacó que los tres bloques hayan acompañado estas leyes presentadas por el Gobernador Claudio Vidal, entendiendo que se trata de la posibilidad de destinar fondos para dar soluciones de manera directa a cuestiones que son centrales para el desarrollo de los vecinos de Santa Cruz.

“La unanimidad  en los votos es necesaria en este momento y en esta urgencia”, señaló el Prof. Pedro Muñoz, y aseveró: “en lo particular esta cuestión de urgencia necesita tener claridad que no se extienda en el tiempo, y que haya contralor porque muchas veces se han usado en detrimento de cual era el objetivo central”.

Asimismo sostuvo su conformidad porque hubo consenso entre los tres bloques, “para ayudar no al gobierno, sino en la adquisición de insumos para  los vecinos, en tres aspectos que son importantes como salud, educación y desarrollo”.

Las Leyes aprobadas establecen su vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año, entendiendo que el gas y la electricidad son servicios esenciales debido a las bajas temperaturas y condiciones climáticas extremas de nuestra provincia.

Esta emergencia podrá prorrogarse por igual periodo, siempre y cuando tenga la aprobación del Poder Legislativo.

La Ley faculta al Poder Ejecutivo Provincial a arbitrar las medidas necesarias y agotar todas las instancias a los fines de evitar aumentos desmedidos en las tarifas de los servicios públicos de gas y de electricidad.

Además, promueve proteger a los ciudadanos de aumentos injustificados y desproporcionados en los servicios públicos, garantizando así su acceso a la energía a precio justo y razonable.

 

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