Los principales referentes en materia judicial de la Nación se reunieron en la Casa Rosada por la crisis de violencia que se vivía en Rosario.
Roxana Reyes, miembro del Consejo de la Magistratura, participó de un encuentro de trabajo junto al presidente de la Corte, el procurador general de la Nación, la defensora general y el Ministro de Justicia Cuneo Libarona. Buscan implementar cambios y acelerar los procesos judiciales en Santa Fe para combatir el narcotráfico.
La reunión se desarrolló en la Casa Rosada entre las principales cabezas del Poder Judicial de la Nación para avanzar en la implementación del sistema acusatorio para la provincia de Santa Fe y mejorar el combate contra el crimen organizado y la violencia del narcotráfico.
La primera reunión del consejo asesor Interinstitucional de la reforma procesal penal federal fue encabezada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, el titular de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky, la Diputada Nacional Roxana Reyes, y miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Según informaron fuentes del ministerio de justicia, el objetivo fue tener el primer encuentro formal de lo que sería el próximo 6 de mayo la puesta en marcha en Santa Fe del sistema acusatorio. Se trataba de una nueva manera de tratamiento penal donde las investigaciones estarán a cargo de los fiscales, con tiempos determinados para terminar las causas y con audiencias orales donde los jueces actúen como magistrados de garantías con el objetivo de tener procesos más cortos.
El sistema acusatorio ya funcionaba en las provincias de Salta y Jujuy y fue creado por el Congreso de la Nación en 2014 mediante una reforma. Se estableció que su implementación estaría a cargo de una comisión bicameral del Congreso y se realizaría de manera paulatina en todo el país. Comenzó por Salta y Jujuy en 2019 y luego iba a ser el turno de Santa Fe y Mendoza, pero nunca se concretó y de hecho, la comisión bicameral no se reunió en todo el 2023.
En relación a esto, el presidente Milei dictó a fines de febrero el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 188/2024 por el cual le quitó a la comisión bicameral la aplicación del sistema acusatorio y la transfirió al Ministerio de Justicia de la Nación. "La postergación indefinida de la entrada en vigencia del referido Código Procesal Penal Federal impide hacer efectivo el proceso de reforma judicial iniciado hace casi una década y trae graves consecuencias que impactan negativamente en la modernización, la eficiencia y el correcto desempeño de los órganos de justicia del estado nacional", fue uno de los justificativos expresados en el DNU.