Comienzan las denuncias penales por corrupción

El Gobierno de Santa Cruz formalizó las primeras denuncias penales, siguiendo las instrucciones del gobernador Claudio Vidal. Una de las denuncias se centra en la administración y contratación de cooperativas de trabajo por parte del Estado Provincial, mientras que la otra se enfoca en la contratación de servicios para el acto de asunción del nuevo gobernador el pasado 10 de diciembre.

"Se ha detectado que existen anomalías, irregularidades e inconsistencias en la ejecución y control de las contrataciones", afirmó el Fiscal de Estado Ramiro Castillo. Las denuncias resaltan posibles sobreprecios, fraudes y falta de transparencia en la distribución de anticipos de retornos entre los asociados de las cooperativas.

La primera denuncia, relacionada con las cooperativas de trabajo, señala incompatibilidades entre los integrantes de estas cooperativas y su relación con el Estado Provincial. Se detectaron casos donde los trabajadores desconocen qué conceptos se les abonan en sus liquidaciones, lo que sugiere una falta de transparencia en los pagos.

La segunda denuncia, presentada ante el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, se centra en las contrataciones realizadas por ex funcionarios del Ministerio Secretaría General de la Gobernación para el acto de asunción del nuevo gobierno. Se investiga la contratación directa y discrecional de servicios a un mismo proveedor, Felipe Alejandro Sotomayor, bajo los nombres de fantasía "CTRL+C" y "DRUGSTORE BAJO CERO".

La Fiscalía de Estado reveló que se pagaron sumas exorbitantes a Sotomayor, triplicando el valor de presupuestos presentados por otros proveedores para los mismos servicios. Además, se pagó un precio significativamente más alto por packs de agua mineral en comparación con el valor de mercado.

La relación entre el proveedor y el Estado Provincial no es nueva, ya que se realizaron contrataciones millonarias durante el año 2023. La Subsecretaría de Servicios Financieros del Ministerio informó que se auditarán estas contrataciones para garantizar que se hayan realizado dentro del marco legal y sin sobreprecios.