La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la revocación de una disposición establecida durante la gestión de Alberto Fernandez, permitiendo a la Prefectura el uso de "todo tipo de armas" en el patrullaje de los ríos. Esta medida busca equipar a la fuerza con recursos necesarios para enfrentar eficazmente el tráfico ilegal en las vías fluviales del país.
Bullrich afirmó en una conferencia de prensa que "en el Boletín Oficial se publicará una resolución para que Prefectura pueda usar todo tipo de armas de fuego y no solo las armas cortas que hoy tiene permitido". Esta decisión supone un cambio en la política de seguridad marítima, ya que anteriormente la Prefectura solo estaba autorizada a portar armas de menor calibre.
La funcionaria destacó la importancia de esta medida al señalar que "las armas cortas no tienen el alcance necesario para enfrentar a barcos con cargamentos ilegales". Explicó que la falta de armamento adecuado había dejado a la Prefectura en situaciones de inferioridad durante operativos , permitiendo a los delincuentes escapar utilizando armas de fuego.
En referencia a los protocolos para el uso de armas de fuego, Bullrich subrayó que estas solo se emplearán "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos" y en situaciones específicas como la defensa propia o de terceros, la detención de delincuentes armados, y la prevención de la fuga de individuos peligrosos.
Esta decisión ha generado un debate sobre el equilibrio entre la eficacia policial y el respeto a los derechos humanos. Algunos sectores expresan preocupación por el riesgo de abusos policiales y el aumento de la violencia, mientras que otros respaldan la medida como necesaria para combatir el crimen organizado en las vías fluviales del país.
En respuesta a las críticas, Bullrich aseguró que se garantizará el respeto a los derechos humanos y que se aplicarán medidas de control y supervisión para evitar cualquier abuso por parte de las fuerzas de seguridad.
La reinstauración del uso de armas largas para la Prefectura representa un cambio en la estrategia de seguridad del gobierno, que busca fortalecer el accionar de las fuerzas del orden en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico ilegal en las zonas fluviales del país.