El presidente de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz, Sergio Pérez Soruco, hizo hincapié en la necesidad urgente de regularizar las deudas de los Municipios y Comisiones de Fomento de la provincia. Enfatizó que retener los aportes del trabajador y no realizar los pagos correspondientes constituye un delito penal contra la Administración Pública.
Con un tono firme, Pérez Soruco destacó que el proceso de regularización es innegociable y que las intimaciones legales se han extendido a todas las localidades. Subrayó que los trabajadores municipales representan un considerable 23% del padrón de la obra social santacruceña, resaltando así la magnitud del problema.
El presidente no escatimó en señalar la importancia crucial de esta regularización para el funcionamiento y la prestación de los servicios de salud. En este sentido, afirmó: “Lo deben resolver los empleadores. Es difícil brindar servicios si los aportes no llegan”. Estas palabras reflejan la grave situación que enfrenta la administración de servicios sociales en la provincia debido a la falta de cumplimiento de las obligaciones financieras por parte de las entidades correspondientes.
En medio de este panorama desafiante, Pérez Soruco hizo un llamado a la acción, recordando a todos los actores involucrados su responsabilidad compartida en garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para los trabajadores y sus familias. La regularización de deudas no solo es un requisito legal, sino también una cuestión de justicia y bienestar social que no puede ser ignorada.