domingo 16 de junio de 2024 - Edición Nº2020

Política | 3 ene 2024

Pelea por el decreto

La justicia frena el DNU de Milei y apelan la medida

La Cámara del Trabajo suspende las reformas laborales de Milei por inconstitucionalidad, tras una objeción de la CGT. El fallo revoca la decisión inicial del juez y destaca la controversia en torno a cambios como la extensión del período de prueba y la eliminación de la indemnización por despido. El gobierno de Milei planea apelar, mientras crece la tensión con el movimiento sindical.



La Cámara del Trabajo ha emitido una medida cautelar que suspende la implementación de las modificaciones del capítulo 4 del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, promulgado por el presidente Javier Milei. Este decreto propone alteraciones significativas en la legislación laboral. La determinación judicial surge como respuesta a una objeción de inconstitucionalidad presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la cual denunció la violación de los derechos de los trabajadores.

El fallo de la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo, compuesta por los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, revoca la sentencia inicial del juez José Ignacio Ramonet, quien se había declarado incompetente en el caso y había remitido el expediente al fuero contencioso administrativo. María Dora González, la tercera integrante de la Sala, votó en disidencia, coincidiendo con el criterio de Ramonet.

Con esta resolución, la jurisdicción laboral asume el reclamo de la CGT y frena el DNU de Milei, promulgado el 31 de diciembre de 2023 y en vigor desde el 1 de enero de 2024. El capítulo 4 del decreto, que genera mayor controversia, aborda cambios sustanciales en el régimen laboral.

Las medidas más discutidas por la CGT y el movimiento obrero incluyen la extensión del período de prueba de tres a ocho meses, la eliminación de la indemnización por despido sin causa, la reducción de las contribuciones patronales, la flexibilización de las modalidades contractuales, la limitación del derecho a huelga, la restricción de la tutela sindical y la autorización de despidos por participación en medidas de fuerza.

A pesar de la defensa del DNU por parte del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), argumentando su necesidad para abordar la difícil situación económica y social del país y promover el empleo formal estancado desde hace 12 años, la justicia laboral considera que no cumple con los requisitos de urgencia y necesidad exigidos por la Constitución Nacional para un DNU. Además, las reformas no parecen tener una relación directa y evidente con la solución de los problemas planteados.

El juez Sudera cuestionó la validez del DNU, señalando que las modificaciones afectan derechos fundamentales de los trabajadores, protegidos por la Constitución, tratados internacionales y leyes. Citó precedentes de la Corte Suprema que respaldan una interpretación restrictiva de los DNU y exigen respeto al principio de división de poderes y al rol del Congreso como órgano legislativo.

La CGT celebró el fallo como un "freno a la reforma laboral regresiva y contraria a los trabajadores". La Procuración del Tesoro de la Nación apelará la medida cautelar y persistirá en la incompetencia del fuero laboral. El gobierno de Milei confía en que la Corte Suprema validará el DNU, crucial para su plan económico. Mientras tanto, el conflicto entre el Ejecutivo y el movimiento sindical se intensifica, anticipando una fuerte movilización de trabajadores en rechazo al decreto y en defensa de sus derechos.
 

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