Muñoz en contra de la nueva ley de contratos: “Están dando changüí a las empresas que no terminaron las obras”

El diputado provincial Pedro Muñoz volvió a plantarse en soledad ante una decisión clave de la Legislatura de Santa Cruz: fue el único que votó en contra de la reciente modificación de la Ley de Contrataciones, que introduce una figura legal para renegociar convenios y contratos con empresas que no terminaron las obras adjudicadas.

Para Muñoz, la iniciativa no es un avance sino una concesión injustificable. “Es darles un changüí a las empresas, cuando lo que corresponde es exigir que cumplan con lo firmado, en tiempo y forma”, sostuvo, preocupado por los antecedentes de viviendas y obras públicas paralizadas o con sobreprecios.

Según explicó, la reforma permitiría renegociar acuerdos incluso con empresas incumplidoras, con el argumento de evitar conflictos judiciales y “avanzar” en obras detenidas. Pero el legislador de CC-ARI cree que eso abre una puerta peligrosa: “Las leyes están para cumplirse. Si empezamos a negociar con quienes no cumplieron, estamos legitimando la impunidad en la obra pública.”

Muñoz puso como ejemplos emblemáticos el natatorio inconcluso del ex Club YPF y las más de 1.000 viviendas licitadas en gestiones anteriores, de las cuales solo un 15 o 20% fueron terminadas. “Eso no es casualidad. Hay responsabilidad política y empresarial que debe investigarse”, remarcó.

Además, señaló que esta reforma podría disfrazar como avances lo que en realidad son fracasos estructurales, y recordó las denuncias públicas que hizo su equipo sobre fondos educativos y viviendas que “desaparecieron” durante las gestiones anteriores.

Muñoz también anticipó que, con la nueva normativa que permite a los denunciantes constituirse como querellantes, se presentarán en la Justicia para exigir avances en las causas contra los expresidentes del IDUV, entre ellos Copertari y los hermanos Grasso.

“La transparencia no puede ser un discurso: tiene que ser una práctica. No queremos más obras pagadas tres veces ni barrios fantasma”, sentenció.

En un contexto nacional de ajuste y recortes a la obra pública, el diputado insistió en que Santa Cruz necesita una política firme de control, tanto para con sus propias licitaciones como para exigir que el Gobierno nacional reactive lo comprometido.