
La transformación legal ya está en marcha: el registro en la Inspección General de Justicia (IGJ) fue aprobado, y la Sindicación General de la Nación (SIGEN) ya designó los síndicos que controlarán el área financiera y comercial. En paralelo, el Estado Nacional —accionista mayoritario con el 95% a través de la Secretaría de Energía y 5% vía Secretaría de Minería— convocará a una asamblea para nombrar a un directorio de tres miembros, marcando así el fin del esquema de intervención directa.
La novedad, aunque aún en estado de posibilidad, es que YCRT abrirá el juego al capital privado. La nueva figura jurídica permite este movimiento y, según Gordillo, se contempla incluso un régimen de propiedad participada para que los propios trabajadores puedan tener acciones e incluso, con el tiempo, nombrar un director dentro del órgano de conducción.
Este modelo, usado en otras reconversiones de empresas estatales, busca “despolitizar” la gestión y transformar a los trabajadores en actores estratégicos.
Con este anuncio, YCRT entra en una nueva etapa. Las preguntas que se abren son múltiples:
¿Quiénes serán los tres directores?
¿Qué grado de participación tendrá el sector privado?
¿Podrán los trabajadores convertirse en accionistas y tener voz en las decisiones?
La mina de Río Turbio es, además de un emblema energético, un símbolo político y económico de Santa Cruz. El paso de una empresa intervenida a una sociedad anónima no es un detalle técnico: es una redefinición de su rol en la economía regional.
Gordillo, por ahora, deja la cancha marcada. Fin de la intervención, comienzo de una nueva era.