
La crítica surge en torno a tres ejes que, según explicó, afectan de forma directa a los trabajadores y trabajadoras que dependen del sistema: el límite de 12 consultas médicas anuales, las deudas millonarias de varios municipios y la falta de regulación sobre los copagos (coseguros).
Una de las principales preocupaciones que Piris trasladó al aire es el límite vigente en la CSS: 12 consultas médicas por año, es decir, una por mes. “Esto surgió en un momento donde la Caja no estaba al día con los profesionales. Pero es una práctica que, lamentablemente, siguió en el tiempo”, detalló.
Piris explicó que este tope genera “un trastorno al afiliado”, especialmente en los casos de enfermedades crónicas o tratamientos prolongados. Y fue más allá: “Yo planteé en reunión que el mínimo no podía ser menos de 30 consultas. En realidad, este tope no debería existir. Ya hay suficientes controles administrativos como para que esto no sea necesario”.
Además, criticó la falta de participación real de los representantes de los afiliados en las decisiones: “Los vocales por los activos votamos en contra del límite, pero no tenemos poder real. Las decisiones vienen desde la presidencia, los médicos auditores y los gerentes. La equidad dentro de la Caja no existe. Siempre se hace lo que quiere la mayoría del Ejecutivo y el presidente”.
Otro punto crítico que abordó Piris es la deuda de los municipios con la Caja. Río Gallegos, El Calafate, Puerto Santa Cruz y 28 de Noviembre figuran entre los principales deudores.
“Río Gallegos es el municipio que más debe: tiene una deuda de 7.000 millones de pesos del periodo y más de 14.000 millones en total si se cuenta la deuda histórica”, explicó. Lo más grave, según Piris, es que el descuento a los empleados municipales se sigue realizando, pero los fondos “no llegan nunca” a la Caja.
“Esa plata está en el recibo de sueldo. Es ilegal que no se transfiera. Pero no hay voluntad política del intendente Pablo Grasso para regularizar aunque sea una parte. Eso oxigenaría un poco la situación de la Caja. Hace dos años que es prácticamente lo mismo”, afirmó.
En cuanto a los copagos o coseguros que los afiliados deben abonar en cada consulta médica, Piris calificó el sistema como “injusto y abusivo”. “Esto surgió cuando la Caja estaba en deuda con los médicos, pero se volvió costumbre. Hoy, los profesionales cobran el coseguro del paciente y también le facturan a la Caja. Es un doble cobro”.
Explicó que, aunque el directorio votó subas (de $4.000 a $6.000 y luego a $8.000), no hay un “techo” ni regulación sobre cuánto puede cobrar un profesional. “Hoy pueden cobrar $8.000, $10.000, $12.000 o hasta $18.000. Se volvió un juego tirano. Y todo ese costo lo absorbe el afiliado”, denunció.
Piris votó en contra de esos aumentos, al igual que los demás vocales por los activos, pero remarcó que su voto “no pesa”. “No tenemos mayoría en el directorio, por lo tanto las decisiones siempre se toman del lado del Ejecutivo”.
La deuda municipal también impacta directamente en los afiliados. “A los municipales se les niegan las altas. Y muchas veces son casos muy particulares y delicados que se deberían aprobar”, señaló. Pero el directorio, nuevamente con mayoría del Ejecutivo, las rechaza.
Finalmente, Piris reclamó un cambio estructural dentro de la Caja: “El afiliado tiene que recuperar el mayor porcentaje de decisiones. Si no, esto se vuelve una Caja que te cobra todos los meses, pero no te escucha nunca”.