
El vicegobernador Fabián Leguizamón dialogó con Radio Vanguardia sobre varios temas, uno de ellos es sobre la denuncia y tratamiento para un juicio político a la jueza René Fernández, integrante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz.
Primero Leguizamón explicó que esta iniciativa de juicio político se originó por una denuncia presentada por el ex juez Lerena, quien había sido destituido previamente del poder judicial. Él hizo la presentación directamente ante la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz cuenta con dos salas: la sala acusadora y la sala juzgadora. Cada sala está conformada por 12 diputados. El primer paso es el tratamiento en la sala acusadora, la cual es presidida por el diputado radical Piero Boffi.
Leguizamón comentó que él, que preside la Cámara de Diputados, envió la documentación para su tratamiento a la sala acusadora, asegurándose de que estuviera “todo en orden formal”.
La función de la sala acusadora es determinar si corresponde o no el juicio político.
Pero, en lugar de tomar una decisión sobre la procedencia del juicio político, la sala acusadora, con el acuerdo de Unión por la Patria, Piero Boffi y algunos diputados de SER, decidió enviar la causa al archivo.
Leguizamón comentó que la justificación que argumentaron fue que "no se habían cumplido con los plazos desde la Presidencia para enviar el trámite".
Sin embargo, el Vicegobernador aclaró que la presidencia “no tiene un plazo” específico para enviar el trámite de pedido de juicio político.
Lo que sí tiene un plazo es la sala acusadora: 40 días para tratar el pedido desde el 25 de junio, plazo que aún está corriendo.
El vicegobernador rechazó esta decisión de archivar, ya que sostiene que la sala acusadora "tampoco tiene la potestad de mandar el trámite a archivo"; esa opción no existe en el procedimiento.
Es más, Leguizamón considera que con todo esto las acciones de los diputados "rozan lo impropio" y son "totalmente improcedentes".
Un dictamen de la asesoría letrada de la Cámara lo confirmó, dijo. La Cámara de Diputados, a través de su área jurídica, declaró improcedente el archivo y solicitó que se continúe con el trámite.
Ahora bien, el vicegobernador fue más allá en sus críticas a la Sala Acusadora, diciendo que “si no quieren juzgar a la doctora, que pongan la cara y que digan 'no la vamos a juzgar'", en lugar de buscar "artimañas jurídicas que no existen". Manifestó que percibe una "decisión de algunos diputados de no llevar a juicio político a la doctora".
Si la causa no tiene asidero, “deberían directamente rechazar el pedido de juicio político”.
El vicegobernador mencionó que el diputado Piero Boffi “ya me había planteado personalmente que no estaba de acuerdo con hacerle juicio a la Dra. René Fernández”. “En el caso de no estar de acuerdo debe especificar por qué no está de acuerdo”, dijo.
La decisión de archivar fue de 12 diputados, no solo de Boffi, con dos tercios de los diputados que son de Unión por la Patria.
El vicegobernador criticó que la decisión se tomó en “solo dos horas, cuando tenían 40 días” para analizar la causa, y que se "inventaron cuestiones" no relacionadas con la Presidencia.
Aunque reconoce que el ámbito legislativo es político, insiste en la necesidad de respetar el marco de tratamiento y los derechos de la acusada y del acusador, y no manejar la justicia de forma política.
El Vicegobernador espera que los responsables "se hagan cargo de haber analizado la situación".
Existe otro mecanismo: si el pedido de juicio político no es tratado dentro de los 40 días, "cae automáticamente".