
La víctima relató en primera persona el violento asalto. Cuatro hombres uniformados como policías, con pasamontañas, irrumpieron en su vivienda, alegando una supuesta orden de allanamiento. La puerta de la casa, incluso sin llave en ese momento, no despertó sospechas iniciales debido a la vestimenta de los asaltantes. La situación escaló rápidamente cuando, al pedirles la orden judicial, los delincuentes la amenazaron con un arma en la cabeza.
"Me apuntaron con un arma en la cabeza y cuando veo a mi hija [de 10 años]...", expresó la vecina, visiblemente afectada. El objetivo principal de los ladrones era llevarse el vehículo y cargar pertenencias, pero el escape de la niña más pequeña los puso nerviosos y frustró parte de sus planes. A pesar de esto, lograron sustraer dispositivos electrónicos como celulares, una notebook y una consola de videojuegos, que pudieron llevarse a pie antes de huir en un vehículo que los esperaba a pocas cuadras.
Falta de respuesta judicial y sospechas de encubrimiento
La vecina denunció que, tras el robo, logró rastrear uno de sus dispositivos robados, el cual permaneció activo hasta las 22:30 horas, tres horas después de la llegada de la policía a su domicilio. Aportó la ubicación exacta a las autoridades, pero el juez Pérez Soruco, a cargo de la causa, se negó a liberar una orden de allanamiento, argumentando que las pruebas no eran "suficientes". Esta situación contrasta con una experiencia previa de la víctima en 2015, donde un juez distinto sí emitió una orden de allanamiento con pruebas similares, recuperando su dispositivo.
La damnificada manifestó su temor y la sospecha de que la falta de acción se debe a que "atrás de esto están personas que son parte del poder", incluyendo presuntamente a miembros de la fuerza policial y la política. Según su investigación, la banda estaría conformada por padre e hijos, y se dedicarían a traer autos robados de otras provincias.
Comunicado oficial y la indignación de la víctima
Durante la entrevista, el Ministerio de Seguridad de la provincia emitió un comunicado informando sobre un "golpe al delito en Caleta Olivia", con seis allanamientos y tres personas puestas a disposición de la justicia, en el marco de una causa por robo calificado con la misma modalidad de los falsos policías. El ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, quien se había comunicado previamente con la víctima, incluso supervisó el operativo.
Sin embargo, la vecina se mostró indignada al enterarse de estos avances por la prensa y las redes sociales, y no directamente por las autoridades. Afirmó que el ministro no respondió sus mensajes y que el comunicado parece una estrategia para "dejarme tranquila a mí, para que yo no siga efectuando los reclamos correspondientes".
Secuelas emocionales y llamado a la prevención
La familia de la víctima, incluidos sus hijos y hermanos, se encuentra bajo un intenso estrés emocional, requiriendo asistencia psicológica. La puerta de su domicilio fue destrozada y varios electrodomésticos dañados, lo que se suma a la carga económica y emocional.
Ante la grave situación, la vecina hizo un llamado a la comunidad a estar alerta: "Que tomen las medidas necesarias en caso de que vengan los policías, que porten la credencial y la placa donde exhibe la misma". También lamentó la falta de recursos en la policía local, lo que impide patrullajes efectivos.
Este caso subraya la necesidad de una investigación transparente y exhaustiva que esclarezca las responsabilidades y brinde justicia a la familia afectada, así como de reforzar los mecanismos de control sobre las fuerzas de seguridad y la gestión judicial.