
En diálogo con Radio Vanguardia de Caleta Olivia, la diputada Loreiro, quien también es docente, explicó en detalle los alcances y la motivación detrás de la propuesta, desmintiendo que su objetivo sea cercenar el derecho a la protesta y enfocándose en la necesidad de un ambiente sano y propicio para el aprendizaje.
Loreiro lamentó que el proyecto se filtrara sin su fundamentación, lo que provocó una "agresión sin sentido" y desvirtuó su propósito original. "Cuando empezó a salir en el medio, que salía solamente el articulado sin la fundamentación, me reía yo sola y decía, 'viste que te dije, que esto iban a tomarlo para el lado que querían y no para el lado que era'", expresó. Subrayó que la intención principal es proteger el interés superior del niño, garantizando un entorno escolar sin interrupciones externas, especialmente en horarios de clase.
La diputada aclaró que el proyecto surge de pedidos y reuniones con grupos de padres, preocupados por el impacto de las manifestaciones en el desarrollo educativo de sus hijos. "Simplemente lo que estoy tratando de hacer es proteger en un entorno cercano el trabajo de los niños", afirmó, destacando que su experiencia como docente le permite comprender la importancia de un ambiente tranquilo para el aprendizaje, especialmente considerando la diversidad y las necesidades de los alumnos, incluyendo aquellos con inclusión.
Loreiro hizo hincapié en que el proyecto no busca prohibir la huelga ni la protesta, derechos contemplados en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La pregunta central que plantea es si "todas las protestas son necesariamente en frente de una escuela o en cercanía de una escuela en horario escolar". Al respecto, manifestó su sorpresa por el enojo generado, ya que "no recuerdo al menos en mi pueblo y muy poco en Río Gallegos, que haya habido marchas enfrente de escuela".
Respecto a la participación de los estudiantes en manifestaciones, la diputada fue enfática. Recordó que los alumnos son menores de edad y, por ley, los colegios no pueden ser tomados. Citó el caso de una toma en su localidad en 2017, que tuvo que levantarse por posibles acciones legales contra docentes y familias.
Loreiro propuso la reactivación de la figura del Consejo Escolar en las instituciones educativas, donde estarían representados directivos, docentes y estudiantes (a través del Centro de Estudiantes). "Esa es la manera de canalizar", sostuvo, argumentando que existe una vía legal para que los estudiantes expresen sus reclamos sin la necesidad de interrupciones o tomas que afecten su educación. "La ciudadanía no solamente está conformada de marchas y protestas, sino hay otros reclamos genuinos", enfatizó, haciendo un llamado a enseñar a los jóvenes a canalizar sus inquietudes por las vías institucionales.
Educación y recursos
La conversación también derivó hacia el estado general de la infraestructura escolar y los salarios docentes, puntos recurrentes en los reclamos gremiales. Si bien la diputada reconoció las "muchas necesidades" que persisten en el sistema educativo, defendió la gestión actual del Consejo Provincial de Educación.
Loreiro compartió que, según el personal de mantenimiento, "es la primera vez en años que realmente están viendo que la plata de los expedientes está yendo a las escuelas". Mencionó que hay más de 60 expedientes del año 2023 donde se pagó el dinero pero no llegó nada a las escuelas, y que ahora se está trabajando intensamente, incluso los fines de semana, para resolver problemas estructurales como calderas y cañerías deterioradas. "Es un trabajo enorme el que se está haciendo", subrayó, instando a no "negar el trabajo".
En cuanto a los salarios docentes, si bien admitió que "nadie dice que las paritarias son suficientes", señaló una mejora significativa en las remuneraciones en comparación con el año anterior.
Finalmente, la diputada destacó otras mejoras pedagógicas impulsadas por la gestión, como la eliminación de la "promoción acompañada" y la implementación de dispositivos de apoyo para la alfabetización y el recupero de estudiantes. "Todo ese daño que se hizo con estudiantes que terminaban el secundario con 30 materias y no podían ir a la universidad... fue un daño muy grande", concluyó, reafirmando su compromiso con la mejora de la calidad educativa en la provincia.