
En una entrevista concedida a Radio Vanguardia, el interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, abordó algunos de los temas que más expectativa generan en la Cuenca Carbonífera: el futuro de los trabajadores de la empresa, el proceso de transformación jurídica de YCRT y la crítica situación que atraviesan los pabellones habitacionales de la compañía en Río Turbio.
“Sin despidos y con PPP”
Gordillo confirmó que la empresa carbonífera está avanzando en su transformación hacia una nueva figura jurídica de tipo empresarial, con todos los trámites contables y financieros ya preparados.
El paso siguiente será elevar un informe circunstanciado a la Comisión Bicameral de Privatizaciones, requisito necesario para concretar el nuevo esquema.
Una de las propuestas que se puso sobre la mesa —aunque aún no está confirmada— es que los trabajadores participen con el 10% del paquete accionario a través del régimen conocido como Propiedad Participada (PPP). Además, se analiza la posibilidad de que los empleados puedan designar o integrar miembros del directorio de la nueva figura jurídica.
Frente a los temores de posibles recortes de personal, Gordillo quiso desmentir categóricamente que vaya a haber despidos como parte de este proceso. “Desde que asumimos en octubre, peleamos para evitar que la gente quede a la deriva”, expresó.
El interventor también aclaró que el canal de diálogo para la negociación de convenios colectivos sigue abierto, y que se espera una convocatoria por parte de la Agencia de Transformación para avanzar en ese frente.
En paralelo, la justicia laboral deberá pronunciarse sobre una denuncia presentada por ATE, que cuestiona la constitucionalidad de los artículos 8 y 9 del decreto 115, vinculados con la estabilidad laboral.
Uno de los puntos más graves mencionados por Gordillo es la situación crítica que atraviesan los pabellones de YCRT en Río Turbio, un conflicto habitacional que acumula años de descontrol.
Según datos oficiales, de las aproximadamente 450 unidades, solo entre 20 y 30 están ocupadas por trabajadores de la empresa. El resto han sido tomadas, alquiladas informalmente o directamente usurpadas por personas ajenas a la compañía, en muchos casos a través de “punteros”.
“Encontramos conexiones ilegales de luz y gas, alquileres fuera de control, delitos frecuentes, deterioro edilicio y un gasto energético altísimo que la empresa no debería estar pagando”, denunció el interventor.
Desde la intervención se han realizado denuncias judiciales y se trabaja en coordinación con el Ministerio de Seguridad (Pedro Pródromos) y el Ministerio de Desarrollo Social, buscando una salida que contemple la dimensión social del problema, sin desconocer la gravedad institucional que implica el abandono y la usurpación.
Ya se presentó una propuesta formal al intendente de Río Turbio para buscar soluciones habitacionales en conjunto con el municipio, pero la justicia aún no ha autorizado algunas acciones, o no han sido validadas por YCRT.
“No se trata solo de echar gente; sabemos que hay menores y situaciones sociales delicadas. Pero esto no puede seguir así”, concluyó Gordillo.