
En diálogo con La Vanguardia Noticias, el letrado consideró el fallo como un “paso importante hacia la verdad”, aunque “insuficiente”: “Fue un alivio, sí, pero también una señal de lo poco que alcanza con una pena de seis años para la magnitud del daño que se probó”.
Macagno tuvo su rol en la investigación: aportó 300 cajas de documentación que sirvieron como prueba para la instrucción que llevó adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, y luego para los fiscales Luciani y Mola en el juicio oral.
“Pude colaborar con la verdad, y que esa verdad hoy tenga una formalidad jurídica con una sentencia firme es muy satisfactorio”, afirmó.
El nombre de Macagno comenzó a resonar en 2016, cuando asumió como director de Asuntos Jurídicos de la Agencia General de Vialidad Provincial en medio del colapso de la obra pública en Santa Cruz. Austral Construcciones y el conglomerado empresarial de Lázaro Báez abandonaban los frentes de obra en toda la provincia, dejando a más de 3.000 trabajadores sin empleo y a decenas de rutas inconclusas.
“Lo primero que hice fue pedir a los inspectores que recorrieran las 20 obras activas. No había maquinaria ni operarios: todo estaba abandonado. Ese fue el principio de 20 rescisiones contractuales”, relató.
Al año siguiente, en el marco del avance judicial, se le solicitó documentación no solo de esas 20 obras, sino de más de 30 adicionales. Según él mismo relató en la entrevista, el trabajo con un equipo administrativo permitió recuperar y clasificar una masa documental: 300 cajas, entre 5 y 15 kilos cada una, que fueron remitidas a los fiscales con las que sostuvieron la acusación en el juicio.
“Ese famoso ‘limpien todo’ tenía que ver con esto: con borrar evidencias que dejaban en claro que el Estado no era el responsable del abandono de obras, sino las empresas. Y detrás de eso, el intento de montar causas de daños contra el Estado para encubrir responsabilidades privadas”, aseguró.
Si bien Macagno se mostró satisfecho con la resolución judicial, no ocultó su decepción por algunos aspectos del fallo.
“No se acreditó la figura de asociación ilícita, y la pena fue de solo seis años. Hubo un mecanismo sistemático de corrupción, con rutas que jamás se terminaron y patrimonios inexplicables de algunos funcionarios. No se puede minimizar”, cuestionó.
También apuntó a los organismos de control provinciales y nacionales, cuya pasividad —dijo— facilitó el saqueo de recursos públicos durante años.
El fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena volvió a agitar el clima político y social en Río Gallegos. “Esto cierra una etapa, pero hay otras causas abiertas. Esto tiene que ser un disparador para que se aceleren todas”, remarcó el abogado, quien en 2020 fue citado como testigo de cargo durante más de cuatro horas ante el tribunal oral.
“No fui funcionario en la etapa donde se montó este esquema, pero me tocó ver las consecuencias: rutas sin terminar, obradores vacíos, maniobras para ocultar pruebas… Era imposible no actuar”, dijo.
Con la sentencia firme, Macagno insiste en que la tarea no termina: “La corrupción no se combate solo con fallos, sino también con prevención, controles efectivos y funcionarios que no miren para otro lado”.