
El proyecto en cuestión propone establecer un perímetro de 200 metros desde el perímetro escolar donde no puedan realizarse manifestaciones con alto volumen sonoro mientras haya actividad académica.
“Este proyecto no prohíbe la protesta, ni toca el derecho a reclamar o peticionar. Lo único que hace es poner un límite a manifestaciones ruidosas durante las clases, para proteger el derecho de los chicos a estudiar en paz”, afirmó Loreiro, cuestionando a quienes, según ella, “recortan el texto para construir un relato falso”.
En el mismo mensaje, la diputada denunció que “algunos medios publican solo los artículos del proyecto pero ‘se olvidan’ de la fundamentación”, lo que —según indicó— distorsiona la intención de la propuesta.
La legisladora también señaló que la normativa aún no ha sido sancionada: “Es un proyecto que tiene su pase a comisión, y allí será debatido, analizado, e incluso modificado si es necesario. Se invita a distintas partes a participar del proceso legislativo”.
En su publicación, Loreiro apeló al artículo de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a un ambiente sano y equilibrado, argumentando que la educación es una actividad esencial y productiva que también debe ser protegida.
“Lo que molesta a algunos no es el texto del proyecto, sino que nos animamos a tocar temas que nadie quiere ordenar por miedo a la crítica fácil”, sentenció.
El proyecto promete abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre el equilibrio entre el derecho a protestar y el derecho a estudiar. Y la controversia, por ahora, está servida.