Gobierno nacional prepara un decreto que abre la puerta a la explotación en zonas hoy protegidas por la Ley de Glaciares

El Gobierno de Javier Milei se encuentra en la etapa final de redacción de un decreto que modificaría profundamente la Ley Nacional de Glaciares (Ley 26.639), vigente desde 2010. La iniciativa apunta a redefinir qué zonas se consideran protegidas y cuáles quedarán habilitadas para la explotación económica, en una maniobra que genera fuertes críticas desde sectores científicos, ambientales e incluso de organismos internacionales.

¿Qué cambia?

El nuevo texto propondría limitar la protección a las zonas estrictamente glaciales, excluyendo sectores del ambiente periglacial (es decir, áreas de influencia hídrica que rodean los glaciares) si no cumplen ciertos requisitos.

Concretamente:

Solo serían protegidas las zonas con una superficie mínima de una hectárea, con al menos dos años de existencia y función hídrica comprobada.

Estas zonas deberán estar incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.

Se eliminaría la protección automática a zonas de roca, escombros activos o superficies temporales, actualmente resguardadas.

La consecuencia directa sería una reducción de las áreas intocables, hoy resguardadas para evitar impactos de actividades industriales, mineras o hidrocarburíferas.

¿Por qué preocupa?

La Ley de Glaciares vigente prohíbe taxativamente:

-Cualquier liberación de sustancias contaminantes en zonas glaciares o periglaciares.

-La instalación de industrias, infraestructura, o exploraciones mineras.

-Cualquier actividad que altere la condición natural de los glaciares o su entorno.

La norma vigente considera a los glaciares bienes públicos estratégicos para el agua potable, la agricultura, la biodiversidad y la investigación científica.

Con el nuevo decreto, se debilitaría ese blindaje legal, abriendo la puerta a emprendimientos extractivos que, hasta hoy, estaban prohibidos.

¿Quién impulsa el cambio?

Desde el Ejecutivo reconocen que hubo “presiones desde el sector empresarial” para facilitar nuevos proyectos de inversión. El decreto es impulsado por el Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo, y participan activamente la secretaria de Energía, María Tettamanti, y el coordinador de Energía y Minería, Daniel González. El argumento oficial: dar “seguridad jurídica” a inversores, según informó el diario La Voz del Interior.

Repercusiones internacionales

El 5 de febrero de 2024, la Organización de las Naciones Unidas advirtió al Gobierno argentino sobre esta intención de reforma, calificándola de “regresiva” y señalando que podría afectar la labor de los defensores ambientales. La ONU recordó que el país tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección ambiental.

¿Y Santa Cruz?

Aunque el decreto no menciona regiones específicas, la modificación tendría alcance nacional, por lo que cualquier glaciar o zona periglacial en Santa Cruz podría perder protección si no cumple los nuevos requisitos.

En particular, los glaciares andinos del noroeste santacruceño —que abastecen cuencas, zonas de turismo y comunidades— podrían quedar vulnerables si no están plenamente cartografiados o si las nuevas condiciones del decreto los excluyen del inventario oficial.

Un conflicto que vuelve

Este no es el primer intento de modificar la Ley de Glaciares. El Gobierno ya había intentado incluir estos cambios en la primera versión de la Ley Bases, pero tuvo que retirarlos por falta de apoyo legislativo. En ese mismo paquete se proponían flexibilizaciones sobre bosques nativos y explotación forestal.

¿Qué sigue?

Aunque el Ejecutivo asegura que mantendrá las exigencias de informes de impacto ambiental, el verdadero riesgo está en la redefinición de qué zonas merecen ser protegidas. Si la protección se limita a “glaciares grandes y visibles”, muchas áreas clave podrían quedar expuestas a negocios extractivos.