
El encuentro se desarrolló pasadas las 10 de la mañana en la Sala de Reuniones del Concejo Deliberante local, y contó con la participación de ediles, representantes del Ejecutivo municipal, del Juzgado de Faltas y de organizaciones proteccionistas.
Participaron del encuentro los concejales Carlos Aparicio y Juan Curallán, además de asesores legales en representación de los ediles ausentes Facundo Belarde, Ariel Farías e Iris Casas. También estuvieron presentes el subsecretario de Ambiente, David Acosta; el juez de Faltas, Daniel Aybar; y representantes de las protectoras “Patitas de Vidda”, “Colitas Felices”, “Huellitas de Amor” e independientes.
Lejos de alcanzar consensos, la reunión estuvo marcada por enfrentamientos verbales, especialmente entre el concejal Aparicio, el edil Curallán y el funcionario David Acosta.
“Hubo más pelea que pelea de perros”, resumió con ironía una de las proteccionistas al finalizar el encuentro. Según explicó, muchas de las discusiones se originaron en posturas irreconciliables, acusaciones de politización del tema y una fuerte crítica a la actitud intransigente del subsecretario de Ambiente.
Durante la reunión se pusieron sobre la mesa temas sensibles como el aumento de las multas por tenencia irresponsable, la necesidad de establecer un padrón de animales peligrosos, la creación de un centro de sanidad animal y la implementación del chip obligatorio para mascotas. También se cuestionó que varias ordenanzas vigentes no se cumplen y que el Estado no garantiza su aplicación.
Las organizaciones insistieron en la necesidad de un trabajo articulado, mayor compromiso institucional y decisiones efectivas. Criticaron duramente la falta de respuesta del Municipio ante propuestas elevadas meses atrás, como la puesta en funcionamiento de un segundo quirófano y campañas masivas de castración. “Pasó un año y medio de gestión y no se hizo nada”, señalaron.
Uno de los puntos más controvertidos fue el tratamiento de los perros considerados “peligrosos”. El juez Aybar escuchó planteos sobre la discriminación hacia ciertas razas como el pitbull, y fue advertido sobre la existencia de peleas clandestinas organizadas en la ciudad, donde estos animales son usados como herramientas de violencia.
Las protectoras también cuestionaron la propuesta de instalar un refugio canino, señalando que se trataría apenas de un “contenedor de animales” sin garantías de bienestar ni seguimiento veterinario. Además, denunciaron la falta de control sobre criaderos ilegales y el incumplimiento de la normativa que exige a las veterinarias reportar casos de animales agresivos.
No hubo presencia de veterinarios durante la reunión. Una profesional había sido invitada por Juan Curallán, pero —según se informó— desde el área de Ambiente se le impidió participar. La ausencia fue interpretada como una muestra más del desinterés oficial por construir soluciones serias y con respaldo técnico.
Sin acuerdos ni compromisos firmes, la reunión finalizó en un clima de malestar generalizado, con fuerte impacto en las redes sociales de algunas protectoras, y con las esperanzas de las organizaciones nuevamente frustradas. “Falta capacitación, falta educación, falta mucho. Y así no se puede avanzar”, lamentó una de las asistentes.