Vocal de la Caja de Previsión advierte sobre el "dolo penal tributario" en los municipios de Santa Cruz

Según D’Andrea, esta conducta se encuadra claramente dentro del “dolo penal tributario”, ya que implica el desvío ilegal de fondos que pertenecen a los trabajadores y deben financiar el sistema jubilatorio.

“Se están quedando con plata de los trabajadores que por ley no se puede quedar nadie, no se puede desviar nadie. Tiene que venir a la cuenta que dice la Caja de Previsión, del 1 al 7 del mes, dice la ley”, explicó, haciendo referencia a la Ley 1782, que rige el funcionamiento del sistema previsional provincial.

Con mucha alma de docente, la vocal explicó en Radio Vanguardia que el sistema previsional santacruceño es solidario: los aportes de los trabajadores activos financian las jubilaciones de quienes ya se retiraron. Pero según D’Andrea, esa base solidaria está siendo vulnerada por municipios que descuentan los aportes del salario de los empleados pero no los depositan en la cuenta de la CPS, como exige la ley.

“El aporte personal es plata que le sacan del bolsillo a los compañeros trabajadores (...). Esa plata o no llega a donde debe llegar o se usa en otra cosa, no hay otra. Y el usarse en otra cosa es lo que genera esta acción dolosa”, remarcó.

En otras palabras, los municipios estarían utilizando esos fondos para fines distintos al sistema previsional, en algunos casos para financiar obras públicas, lo cual es una violación legal explícita. Y dio un ejemplo concreto: “Acá en Río Gallegos, por ejemplo, tenemos presupuestos municipales que derivan la plata de los trabajadores (que debía ir a la CPS) a obras públicas. Y está aprobado ese presupuesto. Y eso es dolo. Se desvían fondos porque están destinados para otra cosa”, denunció.

“Te están robando”

D’Andrea fue más allá al calificar la práctica como un robo:

“Cuando tu patrón te retiene una parte del dinero que por ley corresponde para sostener a tus compañeros jubilados (...) te está robando”, sentenció.

La vocal alertó que esta conducta no solo viola normas previsionales, sino que constituye una figura penal: el dolo tributario, una categoría que involucra el uso indebido de fondos públicos o retenidos para un fin específico, en este caso el sistema de seguridad social.

Consecuencias graves para el sistema 

La situación genera un impacto directo en la sostenibilidad de la CPS, que ya enfrenta un déficit de 35.000 millones de pesos, y arrastra una deuda histórica de 111.000 millones por parte de los municipios, siendo Río Gallegos, Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras los principales deudores.

Mientras tanto, la provincia —según D’Andrea— debe cubrir mensualmente el faltante para garantizar el pago de jubilaciones y pensiones, lo que agrava el déficit estructural del Estado provincial.

Pero el perjuicio también cae directamente sobre los trabajadores: “Vos ves el descuento en tu recibo, pero esa plata no llegó a la Caja. Se usó en otra cosa. Y eso es gravísimo. Porque te están quitando tu aporte sin garantizar tu derecho previsional”, alertó D’Andrea.

Llamada de atención a los municipios

La funcionaria llamó a los municipios a regularizar la situación con urgencia, y a los trabajadores a informarse y exigir el cumplimiento de sus derechos: “Preguntar es saber y conocer es poder”, dijo. Y agregó: “El sistema es solidario, pero si cada municipio empieza a hacer la suya, lo que se rompe es la base misma del contrato social previsional”.

La propuesta del Ejecutivo a los municipios es que, más allá de la deuda histórica, empiecen a pagar la deuda actual a partir de una fecha cercana, como abril o enero de 2025. Se busca que regularicen sus aportes mensuales, aunque la deuda histórica requiera una negociación a largo plazo.