Falta de controles en gobiernos anteriores: 38% de juicios están paralizados y 22% de expedientes de empresas públicas, ilegibles

La nota de Castro no solo expone datos precisos y estadísticas alarmantes, sino que también señala directamente a la negligencia y morosidad de algunos miembros del organismo, quienes habrían "sumido al Tribunal de Cuentas en un organismo que solo en apariencia cumpliría el cometido institucional tan esencial de controlar el gasto del Estado".

Entre los puntos más críticos del informe se destaca la ausencia de auditorías, la paralización de trámites durante años y las demoras injustificables en el dictado de fallos. A esto se suma una gravísima irregularidad: la falta de acceso a expedientes por parte de la propia Presidencia del Tribunal, tanto físicos como digitales, lo que imposibilita el seguimiento y control efectivo.

La Dra. Castro subraya la falta de una mayoría necesaria para tomar medidas urgentes dentro del Tribunal. Actualmente, dos de las tres vocales por el Ejecutivo, Dra. Matilde Morales y Dra. Romina Gaitán, fueron designadas en 2017 durante el mandato de Alicia Kirchner, mientras que la vocal por la primera minoría política, Dra. Karina Saúl, asumió en 2023. Esta composición dificulta la toma de decisiones clave.

El informe detalla la crítica situación en las vocalías:

Vocalía Jurisdiccional de Entes Municipales (a cargo de la Dra. Romina Gaitán): Con 146 juicios de cuentas en trámite, se advierte que entre 2020 y 2023 hay 79 trámites pendientes de fallo, de los cuales solo uno está en etapa de elaboración del segundo informe, y el resto no muestra avances. Lo más alarmante es que ningún municipio presentó la rendición de cuentas del ejercicio 2023. Para dimensionar la gravedad, el 38% de los trámites está en etapa preliminar y solo el 12% cuenta con el segundo informe culminado y listo para fallo.

Vocalía de Empresas, Sociedades del Estado y Entes Descentralizados (a cargo de la Dra. Matilde Morales): Aquí se registran 85 juicios de cuentas en trámite. Un inquietante 22% de los expedientes no tiene información en el sistema, lo que impide conocer su instancia. Casos que datan de 2014 a 2016, como los de Vialidad Provincial y Comunicación Televisiva Santacruceña, se encuentran en este limbo informativo, impidiendo cualquier tipo de fiscalización.

Desde la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, se ha adelantado que se trabajará de manera urgente en este delicado tema. La situación expuesta en el informe deja en evidencia una presunta parcialidad y complicidad con los gobiernos de turno por parte de miembros del Tribunal de Cuentas durante años, lo que habría permitido un gasto desenfrenado de los fondos públicos, un golpe directo a la economía y bienestar de todos los santacruceños.

Este informe abre la puerta a una profunda investigación y a la necesidad de implementar mecanismos de control más rigurosos para garantizar la transparencia en el manejo de los fondos estatales en la provincia.