Judiciales de Santa Cruz reclaman por denuncias estancadas, ingresos irregulares y desigualdades que persisten

“Hace mucho tiempo que venimos denunciando situaciones graves, con pruebas claras, y no pasa nada”, afirmó Alejandra Beroiz, secretaria general del gremio de judiciales de Santa Cruz, en diálogo con el equipo periodístico de Radio Vanguardia.

Desde Caleta Olivia, la dirigente trazó un crudo diagnóstico sobre el funcionamiento interno de la Justicia provincial: sumarios congelados, magistrados denunciados que eluden el proceso disciplinario renunciando a tiempo, y un sistema de control interno que —según remarcó— ha sido deliberadamente debilitado durante años.

Beroiz recordó que las irregularidades que se vienen denunciando no se limitan a las conductas individuales de algunos jueces o funcionarios, sino que apuntan a un funcionamiento estructural deficiente. 

La dirigente señaló que el gremio judicial ha sido uno de los pocos actores que insistieron con fuerza en la necesidad de restablecer los controles básicos, como las inspecciones de cámara en los juzgados de primera instancia. Esas auditorías, explicó, se dejaron de realizar durante años. “Nosotros nos enterábamos de las irregularidades por nuestros propios compañeros, no por mecanismos institucionales. Recién en los últimos años empezamos a tener acceso a sumarios o a ver que se inicien procesos de jury, como en los casos de la jueza González o de la defensora Rumi. Pero todo es a vuelta de rueda”, remarcó.

Uno de los principales escollos que impiden que las denuncias prosperen es la propia estructura del Tribunal Superior de Justicia, que actúa como filtro previo en los procesos de enjuiciamiento. “Ese artículo de la ley que permite que el TSJ evalúe previamente si una denuncia es viable ha sido el principal obstáculo para avanzar. Presentamos un proyecto para modificarlo, para que el tribunal de enjuiciamiento pueda actuar directamente, pero fue trabado por una cautelar impulsada por la Asociación de Magistrados”, denunció.

El cuadro se agrava aún más por las desigualdades salariales que persisten dentro del Poder Judicial. “Mientras hay jueces o funcionarios que cobran cifras desorbitantes, las condiciones de los trabajadores judiciales son completamente distintas. Esto también lo denunciamos hace tiempo y recién ahora el gobierno provincial parece empezar a reaccionar”, agregó.

Beroiz fue enfática al señalar que el problema no es nuevo. “Estoy en el Poder Judicial hace muchos años y lo que hoy ocurre es una consecuencia del desmanejo institucional de largo plazo. Lo que cambió ahora es que empezamos a tener alguna posibilidad de visibilizar y documentar lo que antes se tapaba con hermetismo. Antes ni siquiera sabíamos si un magistrado tenía un sumario abierto”, indicó.

Por último, sostuvo que la exigencia gremial no es solo por los derechos laborales, sino también por la calidad institucional del servicio de justicia. “Si queremos que la Justicia funcione como debe, tiene que haber control sobre las cabezas de los juzgados. No puede ser que el único control sea el que ejercen entre ellos mismos. Queremos una justicia al servicio de la comunidad, no una estructura cerrada que se protege a sí misma”, concluyó.

El ingreso de amigos y familiares en la Justicia

"Siguen habiendo ingresos irregulares. Y lo decimos con claridad", sostuvo Verónica Beroiz, en diálogo con La Vanguardia Noticias. La dirigente judicial fue categórica al denunciar que el Poder Judicial continúa incorporando personal sin concursos públicos ni exámenes de antecedentes, como establece el procedimiento formal para el ingreso a la carrera judicial.

"Hoy se ingresa por contrato, sin rendir nada. Se hace una entrevista, y listo. Ya sabemos cómo funciona eso: entra el familiar, el amigo, el conocido", afirmó. Y explicó que, a diferencia del régimen anterior donde se concursaba y se ingresaba directamente como planta permanente, los contratos actuales son cada vez más precarizados: primero eran anuales, ahora se estiran a dos años. “Esto se llama flexibilización laboral. No tiene otro nombre”, subrayó.

Además, advirtió que esta modalidad impide el acceso igualitario a quienes deseen ingresar con mérito propio: “Hoy no tiene oportunidad cualquier vecino o vecina que quiera presentarse y rendir. Porque directamente no se rinde. Se entrevista e ingresan, y así sabemos que entran los de siempre”.

A pesar de estos ingresos, Beroiz señaló que no alcanzan a cubrir la cantidad de jubilaciones ni la sobrecarga que existe en las oficinas judiciales: "Las mesas están detonadas. Hay falta de personal, falta de computadoras, y hasta falta de intimidad para tomar declaraciones. No hay una política institucional acorde a la necesidad. Entran los que pueden, no los que se necesitan."