
“Las prestaciones se van reduciendo día a día. Nos encontramos constantemente con nuevas restricciones”, explicó Carrizo, y anunció que el sindicato avanzará la semana próxima en una acción conjunta con otros gremios para solicitar un pedido federal de informes sobre el funcionamiento de la obra social estatal. “Basta de que cada afiliado tenga que resolver esto individualmente. Queremos respuestas claras y oficiales”, sostuvo.
Carrizo recordó además el caso expuesto públicamente por Lucila Rementería, exconcejala, quien utilizó la sexta banca para denunciar que la Caja impuso un límite de 10 órdenes médicas por año, incluso para pacientes con enfermedades graves como el cáncer. “Eso es un abandono del Estado. No se puede recortar justo donde más se necesita asistencia: en los tratamientos crónicos”, afirmó.
El dirigente sindical también fue muy crítico con la ministra de Salud de Santa Cruz, Analía Constantini, a quien acusó de vivir “en un mundo paralelo” y desconocer la realidad de los hospitales públicos. “Decir que está todo bien en los hospitales cuando faltan gasas, insumos básicos y hay demoras de meses para una consulta, es burlarse de la gente”, denunció.
A su vez, Carrizo mencionó el caso del Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Gregores, que permanece cerrado desde hace un año y medio. “Se trata de un edificio fundamental para la atención primaria, con historias clínicas de 15 o 20 años. No es solo una salita: es un derecho arrebatado a los vecinos”, explicó. “Esto perjudica especialmente a los adultos mayores que no tienen medios para trasladarse al hospital”, agregó.
En ese marco, cuestionó que la obra social “cobra todos los meses por un servicio que cada vez es más precario”. “La Caja hoy es un no servicio. Y si vienen funcionarios, lo mínimo que pueden hacer es dar la cara y explicar, no ofenderse porque se les hacen preguntas”, concluyó.