
La polémica escaló rápidamente. Desde la presidencia de la Legislatura se emitió un comunicado acusando a los legisladores oficialistas de protagonizar una medida de protesta “caprichosa”, vinculada a exigencias económicas. “Exigen que la Legislatura provincial se haga cargo de los gastos en concepto de combustible y traslados, alquileres de viviendas en Río Gallegos y, además, la ampliación de la estructura del bloque con más cargos políticos”, detallaron. También se remarcó que cada legislador cobra actualmente entre 4,5 y 5 millones de pesos mensuales en concepto de dieta.
El comunicado de presidencia fue contundente: “Reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo santacruceño en cuanto a la transparencia, la buena administración y el recorte de gastos superfluos, en consonancia con las medidas adoptadas por el gobierno provincial”. Y agregó: “Es lamentable que algunas personas que hoy son representantes del pueblo no den el ejemplo y todavía no entiendan que los privilegios se terminaron en Santa Cruz”.
Del otro lado, el bloque oficialista Por Santa Cruz, alineado con el gobernador Claudio Vidal, no tardó en responder. En un comunicado firmado por todos sus integrantes, negaron haber abandonado la sesión por reclamos personales y sostuvieron que solicitaron un cuarto intermedio para evacuar dudas sobre “el vaciamiento de personal efectuado en este bloque, las contrataciones de personal realizadas por presidencia, los gastos en insumos para el personal y los conflictos laborales informados por trabajadores de Cámara”.
Según ese documento, la decisión de no retomar la sesión se debió a que esas condiciones “afectan el normal desarrollo de las funciones de los bloques que integran la Cámara”.
Entre los firmantes del bloque oficialista figuran diputados muy cercanos a Vidal, como Pedro Luxen, Fernando Pérez, Javier Jara, Adriana Nieto, Mario Piero Boffi, Fabiola Loreiro, Claudia Barrientos, José Luis Quiroga, Fernando Españón, Claudia Urrutia, Santiago Aberastain, entre otros.
Mientras tanto, los diputados de Unión por la Patria y la Coalición Cívica ARI estuvieron presentes en el recinto y esperaron los 30 minutos reglamentarios antes de que se diera por caída la sesión.