
El caso se conoció días atrás, cuando se viralizó una denuncia que apuntaba a un presunto abuso en una institución educativa de Caleta Olivia, el jardín 57 del Rotary 23.
La reacción pública había señalado con nombre, fotos y rostro a un trabajador del jardín. Hoy, esa persona permanece encerrada en su casa, bajo un fuerte cuadro de depresión.
También hubo críticas a la lentitud en la que actuó la directora del jardín y la supervisora, quienes, luego de la denuncia, no separaron preventivamente del cargo al portero, para comenzar la investigación, preservar identidades tanto de él como de la menor presuntamente involucrada.
Para Soria, el problema no es solo la falta de cautela en redes o la irresponsabilidad de algunos medios. El verdadero drama, afirma, es la ausencia de políticas públicas claras que protejan tanto a niños víctimas como a las personas acusadas injustamente.
“Hace falta una campaña sostenida de concientización. Capacitaciones, congresos, equipos profesionales en las escuelas. Esto debe ser una política de Estado. No alcanza con lo que venimos haciendo desde la sociedad civil”, remarcó.
La abogada recordó el caso de Facundo Díaz, el profesor de música de Río Gallegos que se quitó la vida tras ser falsamente acusado de abuso. A raíz de ese hecho se impulsó la Ley Facundo, que busca visibilizar las consecuencias de las denuncias sin sustento y garantizar el respeto de la presunción de inocencia.
Durante la entrevista, Soria cuestionó con dureza a algunos medios de Caleta Olivia y Río Gallegos que publicaron imágenes del trabajador acusado en Caleta Olivia sin chequear los datos ni resguardar su identidad.
Los conductores del programa le recordaron que algunos medios cometieron errores graves, ya que fueron los primeros en mostrar fotos, en armar titulares acusatorios sin que la Justicia se pronunciara.
Y fue más allá:
“Deberían pensar muy bien antes de señalar con el dedo acusador. Y por otro lado, deberían preservar las situaciones. Yo no entiendo cómo esto se desparrama en un instante. ¿Por qué no hay cuidados para ver quién maneja la información y de qué manera? Una investigación sana no puede estar contaminada desde el inicio”.
La abogada hizo hincapié en las consecuencias emocionales y sociales que afronta el trabajador falsamente acusado.
“El portero y su familia están atravesando una situación que no tiene vuelta atrás. Le va a costar mucho salir de esto. Esto no debió pasar así”, lamentó.
Soria subrayó que la revictimización no solo afecta a quien es falsamente acusado, sino también a su familia, al entorno educativo y a toda la comunidad.
“La sociedad está golpeada. Las escuelas están abandonadas. Si no hay más educación, más escuelas abiertas, más profesionales capacitados, vamos a seguir viendo estos episodios. Hay que dejar de delegar todo a la indignación popular”, concluyó.
Actualmente, la Dra. Soria integra un colectivo de docentes y abogados que trabaja en la implementación de la Ley Facundo en distintas provincias. “La capacitación no puede depender de que cuatro docentes se organicen como pueden. Tiene que haber un compromiso del Estado para cambiar esta realidad. Si no, esto no tiene salida”.