El Gobierno argentino ordena la desclasificación de archivos sobre la dictadura y reabre la polémica sobre la memoria histórica

El anuncio, realizado en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se inscribe en una política de revisión histórica que el Ejecutivo ha promovido desde su asunción. "El Gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino", declaró el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

La medida, que reactiva una cuestión históricamente sensible en la sociedad argentina, también tiene un fuerte trasfondo político. Desde su llegada al poder, el oficialismo ha cuestionado la cifra de 30.000 desaparecidos y ha impulsado un discurso que busca diferenciarse del relato sostenido por los organismos de derechos humanos en las últimas décadas. En este sentido, el vocero presidencial subrayó que los documentos de inteligencia "no pueden ser utilizados como un botín de guerra" y que su apertura garantizará "una memoria sin manipulación política".

El reconocimiento del atentado contra Viola como crimen de lesa humanidad supone un giro respecto de la postura sostenida por gobiernos anteriores, que consideraban que los delitos cometidos por organizaciones armadas antes del golpe de 1976 no encuadraban en esa categoría jurídica. Milei ha instruido a la Cancillería para modificar la posición oficial de Argentina ante la CIDH y enviará un proyecto de ley al Congreso para declarar la imprescriptibilidad de estos crímenes.

La decisión se produce en un contexto de movilización social por el 24 de marzo, fecha en la que organizaciones de derechos humanos, sindicatos y movimientos políticos marchan por Memoria, Verdad y Justicia. La desclasificación de archivos, lejos de cerrar el debate sobre el pasado reciente del país, promete reabrirlo en términos que podrían acentuar la polarización política en Argentina.