
El litigio se originó a raíz de la aplicación del Decreto 397/2020, emitido en el contexto de la pandemia, que permitía a ciertas empresas reducir hasta un 25% los salarios de sus empleados, abonando el 75% restante bajo la modalidad de "prestación dineraria" sin realizar así, aportes previsionales. Según Schick, Minera Santa Cruz se excedió en la aplicación de esta normativa, afectando a un grupo selecto de trabajadores dentro de su plantilla de más de 1.300 empleados.
En total, 155 empleados fueron perjudicados por esta maniobra. De ellos, 60 iniciaron acciones judiciales y están logrando fallos favorables. “La justicia está decretando la nulidad de esos acuerdos, ya que fueron firmados bajo condiciones irregulares y sin el consentimiento pleno de los trabajadores”, señaló Schick.
Prácticas fraudulentas y perjuicio a los trabajadores
El abogado explicó que Minera Santa Cruz continuó aplicando la reducción salarial hasta el 31 de diciembre de 2021, mucho después de que el decreto dejara de estar vigente. Además, se demostró que la selección de los empleados afectados no fue al azar, sino que recayó sobre aquellos con mayor antigüedad y que no residían en la provincia. En muchos casos, los trabajadores fueron convocados ante escribanos y presionados para firmar convenios por montos inferiores a los que les correspondían legalmente.
Otro punto clave del reclamo es que la empresa no cumplía con los requisitos para acogerse al beneficio del Decreto 397/2020, ya que solo estaba destinado a compañías cuya actividad hubiera sido afectada por la pandemia. Sin embargo, Minera Santa Cruz continuó operando sin restricciones.
Indemnizaciones y exposición de la empresa
Ante la negativa de la empresa a pagar la diferencia salarial, muchos trabajadores se consideraron despedidos y reclamaron no solo los montos adeudados, sino también indemnizaciones por antigüedad. “No solo estamos reclamando la diferencia salarial, sino la indemnización total por despido injustificado”, afirmó Schick.
El abogado también subrayó la solidez financiera de la minera, que opera con capitales canadienses y posee estabilidad económica. Sin embargo, considera que la empresa llevó adelante una maniobra premeditada para reducir costos laborales. “Fue una estrategia para licuar indemnizaciones y desprenderse de un grupo de trabajadores a un costo mucho menor. Se trató de un negocio financiero”, denunció.