Esta vez, el Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por Mario Lugones, anunció que no renovará 1.400 contratos, lo que impactará de manera crítica a hospitales, institutos especializados y al PAMI.
La decisión, enmarcada en el proceso de reestructuración del ministerio, se suma al recorte del 30% de los cargos políticos realizado a principios de año. Según un comunicado oficial, “la medida no afecta el normal desarrollo de las funciones de la cartera sanitaria”. Sin embargo, especialistas, gremios y trabajadores del sector advierten que la situación podría llevar al colapso de áreas clave.
La lista de direcciones y programas que serán desmantelados incluye áreas estratégicas como zoonosis, tuberculosis y lepra, hepatitis virales, uso apropiado de antimicrobianos, salud familiar, investigación en salud, equipamiento médico, arquitectura sanitaria y asistencia directa en situaciones especiales. Estas decisiones golpean de lleno en la prevención de epidemias, el control de enfermedades y la salud pública en general.
En este sentido, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, fue tajante: “Con estos recortes estamos ante el riesgo inminente de cerrar áreas fundamentales para enfrentar epidemias”.
Instituciones icónicas como el Hospital Posadas, el René Favaloro, el Hospital Laura Bonaparte –clave en salud mental–, y organismos de regulación como la ANMAT, también se ven afectados. Incluso la Superintendencia de Servicios de Salud y el Instituto Nacional del Cáncer enfrentan una reducción de personal que compromete su operatividad.
Desde el gobierno, insisten en que se trata de una “optimización de recursos humanos”. Sin embargo, los efectos de la motosierra administrativa se sienten con fuerza en los hospitales y programas sanitarios que brindaban asistencia directa a los sectores más vulnerables.
El impacto no es menor: la reducción de personal incluye a profesionales esenciales, administrativos y técnicos, que hasta ahora sostenían programas de atención y prevención que difícilmente podrán ser reemplazados por los gobiernos provinciales o municipales.
El cierre de áreas estratégicas, sumado a los despidos masivos, podría agravar la ya crítica situación sanitaria del país. La eliminación de programas específicos, como los destinados a zoonosis y enfermedades infecciosas, deja a la población en mayor riesgo frente a emergencias sanitarias y epidemias futuras.
En un contexto donde las desigualdades se profundizan, las decisiones del gobierno de Milei parecen priorizar la reducción del gasto estatal por encima de las necesidades básicas de la población.
El desmantelamiento de estas áreas podría marcar un antes y un después en la salud pública argentina. Mientras las autoridades continúan defendiendo la medida, el panorama para miles de argentinos se torna cada vez más incierto.