Un esquema heredado, una estrategia propia
El Presupuesto 2023, elaborado por el expresidente Fernández y el entonces ministro de Economía Sergio Massa, fue pensado para un contexto económico muy distinto al actual. Sin embargo, Milei lo ha convertido en el eje central de su administración, al evitar la aprobación de un nuevo esquema de ingresos y gastos para 2025. Según fuentes citadas por el diario Página 12, esta maniobra fue cuidadosamente orquestada por el oficialismo, que boicoteó las negociaciones en el Congreso para luego justificar la prórroga como una necesidad técnica.
El decreto establece que, a partir del 1° de enero de 2025, seguirán rigiendo las disposiciones del Presupuesto General para 2023. Esto incluye metas de inflación del 18,5 %, un crecimiento del PBI del 5 % y proyecciones económicas que, incluso según funcionarios actuales, son inalcanzables y obsoletas.
El Congreso, un espectador relegado
El fracaso en la aprobación del Presupuesto 2025 no fue casualidad. La estrategia oficialista incluyó dilatar los debates en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el economista ultraliberal Luis Espert, y responsabilizar a la oposición de los constantes fracasos. Sin embargo, los verdaderos artífices de esta maniobra fueron los funcionarios del Palacio de Hacienda, quienes buscaron consolidar un esquema mínimo que les permita manejar partidas a discreción, con el objetivo explícito de alcanzar el déficit cero.
Asimismo, los gobernadores aliados jugaron un papel crucial. A cambio de futuras concesiones y asignaciones directas desde el Ejecutivo, se alinearon con la estrategia del gobierno nacional, dejando caer cualquier posibilidad de actualización del presupuesto.
Un ajuste sin anestesia
La prórroga consolida un marco ideal para la política de ajuste de Milei. Con un presupuesto heredado, pero con libertad para reasignar recursos, el gobierno puede continuar desmantelando áreas del Estado y reduciendo al mínimo las inversiones en servicios públicos. Las provincias, en particular, sufren los mayores embates de esta estrategia, con recortes significativos en partidas esenciales.
De este modo, mientras la economía enfrenta una caída sostenida en sectores clave como la industria, el Ejecutivo avanza con la motosierra en mano, cumpliendo la promesa de achicamiento del Estado que caracterizó su campaña. El resultado es un modelo de gobierno sin controles, con un Congreso relegado a la impotencia y con un país que enfrenta un ajuste cuyas consecuencias sociales aún no terminan de dimensionarse.