
La Secretaría de Trabajo deberá definir por decreto el nuevo piso salarial en los próximos días, como ya sucedió en febrero y julio de este año.
En la reunión más reciente, los empresarios propusieron un aumento escalonado que llevaría el salario mínimo de $278.000 en diciembre a $295.000 en marzo, un incremento acumulado del 6%. Los sindicatos, por su parte, exigieron un aumento inicial a $572.000, una cifra que refleja las tensiones en un contexto inflacionario.
Durante 2024, la imposibilidad de consensuar aumentos salariales ha sido una constante. En julio, el Gobierno ya había fijado incrementos escalonados para los meses de julio a octubre debido al desacuerdo entre las partes. Actualmente, el salario mínimo para trabajadores mensualizados es de $271.571,22, mientras que los trabajadores jornalizados perciben $1.357,86 por hora.
Pese a estos ajustes, el SMVM acumula una pérdida del 30,49% en términos reales frente a octubre de 2023, lo que agrava la situación económica de los sectores más vulnerables. Además, la última actualización del beneficio por desempleo reflejó el mismo patrón: el monto mínimo actual es de $153.785,61, mientras que el máximo alcanza $271.571,22.
El SMVM es el salario mínimo que debe recibir un trabajador por su jornada laboral completa, sin importar su categoría o modalidad de contratación. Este derecho está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y reglamentado por la Ley de Contrato de Trabajo.
El salario mínimo debe cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación y transporte, entre otras, para el trabajador y su familia. Su carácter "móvil" implica que debe actualizarse periódicamente para mantener su poder adquisitivo frente a la inflación.
Además, el SMVM funciona como referencia para determinar ingresos de empleados informales y el cálculo de diversas prestaciones sociales, como asignaciones familiares y cuotas alimentarias.
El fracaso en las negociaciones refleja las dificultades estructurales para equilibrar intereses empresariales y gremiales en un contexto de crisis económica. Mientras los empresarios priorizan la viabilidad financiera, los sindicatos presionan para que el salario mínimo recupere su poder adquisitivo.
La decisión final, que recaerá en el Gobierno, no solo definirá el piso salarial de millones de trabajadores, sino que también marcará un precedente en el diálogo social.