El presidente Javier Milei sigue impulsando su estrategia de ajuste fiscal, y esta vez el foco está puesto en las universidades nacionales. A través de cuatro decretos publicados en el Boletín Oficial, el gobierno avanza en un control más estricto de las finanzas universitarias, buscando regular el gasto público y auditar los fondos de las casas de estudio.
El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, se presentó en el Congreso para detallar las medidas que afectan a las universidades. Entre los cambios más controvertidos se encuentra la prohibición de contratar directamente con entidades públicas, una práctica habitual en muchas universidades. Solo se podrán hacer contrataciones directas si se demuestra que no hay otro proveedor disponible, lo que el gobierno justifica como una manera de garantizar la transparencia en las compras y eliminar "privilegios irrazonables" en el sistema.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, denunció la existencia de más de 2000 convenios irregulares entre 2022 y 2023. Sin embargo, la medida fue rápidamente rechazada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que considera que las licitaciones públicas obligatorias pueden generar mayores costos y beneficiar a consultoras que subcontratan a profesores a precios más bajos. Aunque acatarán la normativa, los rectores de las universidades expresaron su desacuerdo.
Por otro lado, los decretos también imponen la obligación de utilizar los sistemas de compras y contrataciones estatales, como COMPR.AR para bienes y servicios, CONTRAT.AR para obras públicas y el sistema e-SIDIF, destinado a un control exhaustivo del gasto. Si bien 35 universidades ya utilizan estos sistemas, algunas, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), se resisten a implementarlos, lo que el gobierno considera una falta de transparencia.
El CIN ha sido notificado de las nuevas disposiciones y, aunque aseguró que acatará las medidas, adelantó que presentará sugerencias en futuras reuniones. La UBA, históricamente crítica con las políticas del gobierno, se perfila como una de las instituciones que más se opondrá a las nuevas obligaciones.
El gobierno advirtió que de no cumplirse con estas regulaciones, podría suspenderse el financiamiento de programas dependientes de la Secretaría de Políticas Universitarias, una amenaza que pone presión sobre las casas de estudio para que se ajusten a los nuevos lineamientos.
Este conjunto de medidas, enmarcado dentro del plan de Milei de controlar el gasto público, llega en un contexto de tensiones entre el gobierno y el sistema universitario, cuyo impacto aún es incierto. Las universidades, en su mayoría públicas, enfrentan un escenario complejo, con una creciente resistencia a las políticas de ajuste y centralización del poder económico.
