Según Romina Cirigliano, vecina de la ciudad y denunciante principal, la trama ofrecía inversiones con retornos del 40% en dólares en un modelo típico de esquema Ponzi. Los inversores iniciales recibían pequeños pagos, pero los flujos cesaron al escasear nuevos aportes.
El caso comenzó en diciembre de 2023, cuando Cirigliano y su pareja, Diego Torres, participaron en el proyecto invirtiendo 2.000 dólares. Tras recibir retornos iniciales, incrementaron su inversión hasta alcanzar 50.000 dólares, sin obtener reembolsos posteriores. Actualmente, un grupo de 20 afectados autodenominado "Los Arbolitos" afirma estar en la misma situación.
Las denuncias formales contra Sáez fueron desestimadas por la justicia provincial, lo que dejó a los damnificados sin vías legales claras. Según Griselda Engelhard, abogada de Cirigliano, "las denuncias ni siquiera fueron investigadas". Además, señaló que el fuero civil resulta ineficaz para abordar este tipo de casos.
Por su parte, Sáez negó cualquier implicación con la estafa y afirmó ser víctima de acoso por parte de Cirigliano, quien ahora enfrenta cargos por hostigamiento y daños materiales tras un incidente en el domicilio de Roa. Sáez sostiene que las acusaciones buscan dañar su imagen pública y asegura que "no tengo nada que ver con las historias que cuentan".
Matías Roa, señalado como coorganizador del esquema, habría enviado un audio con amenazas hacia los denunciantes. En el mensaje, filtrado a los medios, Roa insulta y promete represalias, afirmando contar con "personas que lo respaldan".
El caso ha generado fuerte repercusión en redes sociales, donde circulan imágenes de Sáez con autos de lujo y viajes al exterior, utilizadas por los denunciantes como prueba de un alto poder adquisitivo. Mientras tanto, el intendente Walter Vuoto mantiene silencio sobre el escándalo, lo que incrementa la presión política.
El conflicto entre Vanesa Sáez y Romina Cirigliano refleja una compleja trama de denuncias cruzadas, falta de respuestas judiciales y acusaciones de amenazas. Este caso pone en el centro del debate la capacidad de las instituciones locales para responder ante situaciones de fraude y el impacto político en la gestión municipal de Ushuaia.