El Congreso y el decreto 846: ¿un giro hacia los intereses de los bancos?

El gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, generan controversia con la permanencia del Decreto 846, que otorga al Estado una flexibilidad inédita en el manejo de la deuda pública, beneficiando directamente a los acreedores internos, principalmente los bancos.

Este decreto permite una serie de cambios clave en la reestructuración de la deuda, como la posibilidad de convertir deuda en pesos a dólares y pagarla a valor de mercado, en lugar de seguir el valor técnico que históricamente se utilizaba. Además, modifica el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, eludiendo los requisitos de mejorar el monto, plazo o intereses en los canjes de deuda.

A pesar de la importancia de este decreto y su potencial impacto sobre la sostenibilidad de la deuda argentina, el Congreso no logró reunir quórum para tratar la cuestión y rechazarlo, lo que generó la crítica de varios sectores políticos. En particular, la Coordinadora de Abogados por el Interés Público (CAIB) denunció que el decreto no cumplió con los procedimientos legales necesarios, como la falta de un dictamen técnico que justifique la medida. Esto desató un debate sobre el papel del ministro Caputo, quien parece priorizar los intereses financieros de los bancos, dejando de lado la protección del bienestar económico de la Nación.

En paralelo, la situación de la industria argentina se agrava. Durante una conferencia de la UIA, empresarios y representantes del sector expresaron su preocupación por el impacto de las políticas del gobierno en la producción local. Según los últimos datos del INDEC, la caída de la producción manufacturera es alarmante, con rubros como automotores, textiles y alimentos sufriendo caídas de hasta el 25%. Ante esta crisis, el gobierno ha optado por abrir las importaciones, lo que si bien puede abaratar algunos productos para los consumidores, también amenaza con reducir aún más el empleo en el país.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, destacó la necesidad de equilibrar el terreno de juego para la industria local, aunque su postura muy tibia de no estar "en pie de guerra" con el gobierno ha generado escepticismo. En un país donde la desindustrialización es cada vez más notoria y donde las importaciones crecerán sin freno, la industria local se ve ahogada. Sin embargo, algunas de las medidas del gobierno, como el RIGI (régimen de incentivos a grandes inversiones), están orientadas a atraer capital extranjero, pero a costa de los sectores productivos nacionales.

El panorama se complica aún más cuando se observa que el salario mínimo real en Argentina se encuentra en su peor nivel en 30 años, con un poder adquisitivo que ha caído por debajo de los niveles de los años 90. La combinación de estas políticas parece indicar que, lejos de priorizar el desarrollo productivo y la mejora de las condiciones de vida de los argentinos, el gobierno se está alineando con los intereses del capital financiero y las grandes corporaciones.

El Decreto 846/2024, que flexibiliza las condiciones para la reestructuración de la deuda en moneda extranjera y modifica las normativas fiscales para permitir un canje sin pasar por el Congreso, fue emitido en un contexto de alta tensión política. La oposición, que ve en la medida un intento de concentrar más poder en el Ejecutivo, había solicitado que se convocara una sesión en el Congreso para rechazar el DNU. Sin embargo, la falta de quórum impidió que este martes se diera tratamiento al tema, dejando abierta la puerta a la implementación de estas medidas sin control legislativo. Las críticas se centraron especialmente en el uso del FGS de la ANSES para financiar operaciones relacionadas con la deuda, lo que despertó dudas sobre la sostenibilidad de este enfoque