Gabriela Fernández: del cambio de identidad de género a un juicio por abuso en cárcel de Córdoba

Este caso ha adquirido particular relevancia desde que, en medio de su proceso judicial, Fernández se autopercibió como mujer, lo que implicó un cambio de su identidad legal y el consecuente traslado a una unidad penitenciaria femenina. Sin embargo, las denuncias en su contra continuaron, incluidas acusaciones de abuso a una interna, lo cual generó un conflicto que la justicia busca resolver.

De Gabriel a Gabriela: la autopercepción y su impacto en el caso judicial

Gabriel Fernández, con antecedentes de violencia de género contra múltiples parejas, inició en prisión el proceso de cambio de identidad de género, solicitando ser reconocida como mujer. De acuerdo con la legislación argentina, el sistema penitenciario respondió trasladándola a una cárcel femenina, en la que, paradójicamente, surgieron nuevas denuncias por agresiones y abuso sexual. La acusación más grave sostiene que Fernández abusó de una interna, quien habría quedado embarazada como resultado del ataque, lo cual desató una polémica por la seguridad en la población carcelaria femenina.

Fallo judicial: derechos de identidad versus seguridad en cárceles femeninas

La Cámara de Acusación de Córdoba, integrada por los jueces Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies, dictaminó que Fernández debe ser trasladada a un área especial, independiente de las unidades femeninas y masculinas tradicionales. Según el fallo, el traslado inicial de Fernández a una cárcel de mujeres, bajo la normativa de identidad de género, puso en riesgo la seguridad de 481 internas, generando situaciones de abuso y manipulación. “Es esencial proteger tanto los derechos de autopercepción de la acusada como la seguridad de la población femenina”, destacó el tribunal.

El caso plantea un dilema respecto a los derechos de personas transgénero en contextos de encierro. “Fernández ejerció su identidad de género de manera plena, pero no puede acceder a un trato procesal privilegiado que ponga en riesgo a otras personas,” subraya el fallo, concluyendo que no es posible situarla ni en una cárcel masculina ni en una femenina.

Violencia de genero: la defensa argumenta discriminación

Los representantes legales de Fernández alegaron que imputarle violencia de género implica un sesgo discriminatorio, ya que, bajo su autopercepción de género, debería ser juzgada con otras consideraciones. No obstante, la jueza a cargo rechazó este argumento, aclarando que varios de los hechos de violencia ocurrieron cuando Fernández era legalmente reconocida como hombre, lo cual justifica la figura de violencia de género.

Este argumento de la defensa también fue desestimado en apelación. El tribunal señaló que las pruebas recabadas reflejan una estructura de dominio y violencia ejercida, independientemente de la identidad de género asumida en momentos posteriores. Así, el juicio avanzará considerando los hechos tal como ocurrieron en el tiempo y en el contexto de género en que fueron cometidos.

Un caso que revela vacíos en la legislación sobre identidad de género en prisiones

El caso de Gabriela Fernández subraya los desafíos en la aplicación de la ley de identidad de género en entornos carcelarios. Según el fallo, aunque Argentina es pionera en garantizar la identidad de género, se necesitan medidas específicas para contextos de privación de libertad. Los jueces mencionaron como referencia el caso de Karen White en el Reino Unido, una prisionera transgénero que fue trasladada a una cárcel para mujeres, donde luego fue acusada de agresiones sexuales.

La Cámara de Acusación enfatizó que, en el caso de Fernández, el sistema penitenciario no ponderó adecuadamente los riesgos para las internas. “El bienestar de la población femenina debe ser una prioridad en decisiones de traslado, más allá de la autopercepción de género,” argumenta el fallo, ordenando un lugar exclusivo para Fernández hasta que se dispongan medidas permanentes de protección en el sistema.

La importancia de un espacio seguro en contextos de identidad de género y Derechos Humanos

La decisión de la Cámara de Acusación marca un precedente sobre la importancia de garantizar seguridad en cárceles para personas de identidades diversas, sin vulnerar los derechos de ninguna persona. Los jueces subrayaron que, si bien la identidad de género es un derecho fundamental, también es necesario contar con protocolos específicos para que el ejercicio de este derecho no comprometa a otros grupos.

La situación actual de Gabriela Fernández en el sistema penitenciario de Córdoba refleja un desafío pendiente en la justicia argentina, que deberá equilibrar el respeto a la identidad de género con la seguridad y el bienestar de toda la población carcelaria.