
Los recortes en el presupuesto de salud han provocado la escasez de medicamentos vitales y preservativos, afectando la continuidad de tratamientos en el sistema público y aumentando el riesgo de contagio.
María Sánchez, referente de Positivos La Matanza, describe la dura realidad que enfrenta la comunidad en el conurbano: "No alcanza para comer y mucho menos para cubrir necesidades médicas. Las pensiones no contributivas rondan los 236 pesos mientras que la canasta básica supera el millón". Sánchez relata, con la voz entrecortada, cómo el COVID-19 empeoró su condición de salud, dejándola sin los recursos mínimos para mantenerse en tratamiento.
Desde hace más de dos décadas, el Ministerio de Salud garantiza medicamentos de alto costo para quienes dependen del sistema público. Sin embargo, este año, la paralización en la compra de tratamientos ha llevado a cambios forzados en medicamentos, perjudicando la salud de pacientes con VIH y tuberculosis. La escasez de preservativos y reactivos para pruebas de efectividad de tratamientos también limita la prevención de enfermedades.
Estas carencias, sumadas al déficit en el diagnóstico y tratamiento adecuado, han derivado en un incremento alarmante de casos de VIH, sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. En hospitales faltan medicamentos esenciales como Zidovudina (AZT), utilizado para evitar la transmisión del VIH de madre a hijo, exponiendo a neonatos a infecciones prevenibles.
Mariana Iacono, fundadora de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), destaca la situación de las más de 44 mil mujeres argentinas con VIH: "Quienes sostenemos nuestros hogares estamos desbordadas; muchas sin medicación, sin trabajo, y ahora sin apoyo gubernamental". Recuerda con angustia su propio diagnóstico en 2001, cuando sus padres le advirtieron sobre el costo de los medicamentos. "¿Qué haremos si no hay acceso ni siquiera en hospitales?", se pregunta. Las mujeres con VIH enfrentan un doble desafío: subsistir en una economía en crisis y procurar medicamentos esenciales que ya no están garantizados.
José Di Bello, integrante de la Fundación GEP, subraya el impacto devastador de la reducción presupuestaria: “El presupuesto actual del Ministerio de Salud destinado a estas enfermedades bajó de un 4,8% a un 0,89%”. Para 2025, el gobierno ha propuesto reducir el presupuesto de 78 millones a 19 millones de dólares, afectando la cobertura de tratamientos de VIH, tuberculosis y hepatitis.
Según Di Bello, el recorte implica que solo un 25% de las personas tratadas actualmente recibirán medicamentos. En 2023, Argentina adquirió 54 millones de preservativos; sin embargo, para 2025 se planean comprar solo 4 millones. Esta falta de insumos básicos aumenta los riesgos de infecciones como sífilis, que ha crecido un 50% según los últimos informes.
Katy Castillo, referente de la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH, describe la extrema vulnerabilidad que viven las personas con VIH en el conurbano bonaerense. Las pensiones no contributivas y los bonos alimentarios son insuficientes en una economía en alza constante. “Con 37 mil pesos mensuales no se puede sostener una alimentación digna para quienes deben seguir un tratamiento de por vida”, denuncia Castillo. Como coordinadora del Centro de Prevención, Promoción y Testeo rápido de VIH e ITS en Merlo, enfatiza que el recorte en salud amenaza no solo a los tratamientos, sino a la vida misma de personas ya en situaciones de riesgo.
Las organizaciones del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis han expresado su repudio a los recortes propuestos y demandan a los legisladores que reviertan la decisión. "No podemos permitir un retroceso que pondrá en riesgo la vida de miles de personas", concluyen los referentes, en un llamado de emergencia al Congreso. Sin recursos suficientes, el acceso a medicamentos, prevención y diagnósticos para miles de argentinos en el sistema público se ve amenazado.