Este acuerdo propone una inversión significativa en infraestructura pesquera, incluyendo la modernización de cinco puertos provinciales, la construcción de astilleros y el desarrollo de nuevas plantas de procesamiento en la región. Este intento de China de posicionarse en la región no es el primero; intentos anteriores en Tierra del Fuego y Chubut enfrentaron oposición y fracasaron.
La firma de la Carta de Intención ha despertado inquietudes en el sector pesquero argentino. Cámaras y empresas del rubro temen que la inversión china en infraestructura portuaria termine beneficiando a la numerosa flota pesquera de China en detrimento de las compañías locales. Darío Sócrate, director de la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA), ha manifestado su preocupación sobre el posible impacto negativo en la biomasa marina, especialmente en la pesca del calamar, especie clave para el equilibrio del Mar Argentino y objetivo del 70% de la flota china en la “Milla 201”, al límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
Los antecedentes de Hongdong Fisheries generan dudas sobre su fiabilidad como socio. La empresa ha sido señalada por prácticas de pesca ilegal y riesgo ambiental, acumulando incidentes en distintas partes del mundo. En 2019, uno de sus buques ingresó ilegalmente en aguas argentinas, mientras que en África del Norte, su flota fue acusada de agresiones a pescadores locales. Estas prácticas han colocado a China en el primer lugar del ranking mundial de pesca ilegal y explotación laboral en el sector pesquero, lo que alerta a especialistas y organizaciones ambientales sobre el potencial impacto que podría tener una apertura hacia esta compañía.
Si bien desde el gobierno de Santa Cruz se ha destacado que el acuerdo está en una fase inicial y que el proyecto podría mejorar los puertos y generar empleo local, la falta de claridad sobre los términos del acuerdo ha generado una alerta política. El sector pesquero y ambiental argentino teme que una mayor presencia china en los puertos de Santa Cruz pueda abrir la puerta a prácticas que comprometan la sostenibilidad de los recursos y afecten los intereses locales. La firma de esta Carta de Intención podría tener un fuerte impacto político y reavivar el debate sobre el manejo de los recursos marítimos y el rol de las inversiones extranjeras en Argentina.