Proyecto de Ley Anti-Bloqueos: prisión y multas para sindicatos que obstaculicen empresas

Esta iniciativa surgió de su experiencia personal como empresaria tras sufrir un bloqueo sindical en su pyme familiar en Rosario, el cual incluyó amenazas e intimidaciones. La propuesta busca otorgar una respuesta penal contundente a estas prácticas, caracterizándolas como un delito.

Sanciones Propuestas: Penas de Prisión y Multas para Bloqueos Directos e Indirectos

La iniciativa de Razzini contempla penas de seis meses a tres años y seis meses de prisión para quienes obstruyan el acceso a empresas con el objetivo de obtener beneficios o perjudicar. Si el bloqueo afecta múltiples locales de una misma empresa, la pena aumentaría a entre ocho meses y cuatro años. Además, se establecen sanciones para los organizadores, con penas de uno a cuatro años.

El proyecto también tipifica los bloqueos indirectos, aquellos que impiden el normal desarrollo comercial mediante amenazas a proveedores o clientes, con penas de hasta tres años. De esta manera, se amplía la responsabilidad penal a los sindicatos o entidades que faciliten estas prácticas extorsivas.

Consecuencias para Sindicatos: Multas y Suspensión de Actividades

Más allá de la prisión para los individuos responsables, el proyecto propone sanciones específicas para sindicatos que promuevan los bloqueos. Estas incluyen multas de hasta diez veces el valor de los bienes afectados, suspensión de actividades por un máximo de diez años, inhabilitación para licitaciones estatales y, en casos extremos, cancelación de la personería jurídica si la extorsión es su principal actividad.

Procedimiento de Intervención: Autoridades y Uso de la Fuerza

La ley contempla que, ante un bloqueo, las autoridades locales deben acudir al sitio, identificar a los manifestantes e intimarlos a dispersarse. Si los involucrados se rehúsan, las fuerzas de seguridad estarían autorizadas a intervenir. Además, el proyecto permite solicitar medidas cautelares para establecer perímetros de exclusión, protegiendo a la víctima de posibles nuevos bloqueos.

Apoyo y Escenario Legislativo: Divisiones y Expectativas

La propuesta cuenta con el respaldo de 14 diputados, mayoritariamente del PRO, junto a legisladores de CREO y Hacemos Federal, como Paula Omodeo y Ricardo López Murphy. Sin embargo, la postura de La Libertad Avanza sigue siendo incierta. En un contexto donde los bloqueos sindicales y la presión de la CGT son temas delicados, la expectativa se centra en el apoyo que este bloque podría ofrecer al proyecto, cuyo avance depende de obtener la mayoría en la Comisión de Legislación Penal.

Perspectiva Sindical: Resistencia de la CGT y el Gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) y sectores del gobierno mantienen una postura crítica hacia el proyecto. Recientemente, la CGT logró un acuerdo con el gobierno para no aplicar el artículo anti-bloqueos de la Ley Bases, que permite a empresarios despedir sin indemnización a quienes bloqueen su actividad. Se prevé que este proyecto de ley enfrentará la resistencia de sectores sindicales que consideran la medida como una amenaza directa contra el derecho a la protesta y el poder gremial.

La Visión de Razzini: Contra la Extorsión y el Impacto Económico

Para Razzini, el proyecto es una respuesta firme contra lo que define como "mafia sindical". La diputada sostiene que los bloqueos atentan contra la inversión, desincentivan la generación de empleo y perjudican tanto a empresarios como a trabajadores. Al penalizar las prácticas extorsivas, Razzini aspira a impulsar un clima laboral seguro y a fomentar la inversión en el país.

¿Cambio en la Legislación o Nuevo Debate?

El proyecto de ley anti-bloqueos de Verónica Razzini plantea una dura postura frente a los bloqueos sindicales, argumentando que constituyen un freno para el desarrollo económico. Sin embargo, el contexto político y la fuerte resistencia sindical generarán un acalorado debate sobre los límites entre el derecho a la protesta y la necesidad de proteger las actividades económicas.